La Cámara Federal porteña habilitó una apelación de la empresa Algodonera Avellaneda, del grupo Vicentín, contra un embargo de bienes en el marco de la investigación sobre los préstamos que obtuvo durante el gobierno de Cambiemos por parte del Banco Nación entre 2018 y 2019. Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens concedieron el recurso, que habilita a que la Cámara de Casación –el máximo tribunal penal del país- revise esas medidas económicas adoptadas como reaseguro para el eventual recupero del dinero prestado por el banco estatal.

Las empresas del Grupo Vicentín y un ex funcionarios del gobierno y del propio Banco Nación fueron denunciados por el presunto otorgamiento irregular de créditos por parte de la banca oficial por unos 18 mil millones de pesos poco antes de la convocatoria de acreedores, que coincidió con el final del gobierno de Cambiemos. La investigación apunta, entre otros, al  ex presidente Mauricio Macri, al ex titular del Banco Nación Javier González Fraga y al ex número uno del Banco Central Guido Sandleris. De hecho, el expediente, registrado con el número 268/2020, está caratulado “Macri, Mauricio y otros” y la denunciante es la Unidad de Información Financiera (UIF).

Algodonera Avellaneda apeló “la confirmación del embargo dispuesto sobre ciertos bienes de la sociedad, sin haberse levantado la inhibición general de bienes ni fijado un monto específico a embargar, mediante la realización de una tasación previa”. Ercolini ordenó en diciembre del año pasado el embargo preventivo a instancias de la propia Cámara neutralizar un eventual intento de vaciamiento.

El embargo fue dispuesto con la salvedad de “no afectar el normal giro comercial de la empresa, que continuará con su posesión». La medida establece que la empresa no podría desprenderse de ninguno de sus bienes pero continuaría con su posesión y uso. No obstante eso, Algodonera Avellaneda argumentó que “la decisión le genera un perjuicio de imposible reparación ulterior, al afectar el normal desenvolvimiento de la empresa”.

La propia Cámara había ordenado, en diciembre pasado, al juez Julián Ercolini, que adoptara medidas cautelares de naturaleza económica, pero sólo sobre algunas empresas del Grupo Vicentín mas no sobre sus directivos y otros imputados.

Los abogados de Algodonera Avellaneda, Diego Pirota y Deborah Lichtmann, entendieron que las restricciones económicas sobre la empresa tienen “naturaleza equiparable, en virtud de los perjuicios de imposible o tardía reparación ulterior que es capaz de conllevar la postergación de su tratamiento”, con una sentencia definitiva. La Cámara aceptó el planteo y abrió la puerta a una nueva revisión por parte de la Cámara de Casación.