Desde el año 2013 se han presentado diferentes proyectos de ley de humedales, pero todos perdieron estado parlamentario. En la actualidad está en stand by el debate de una nueva iniciativa que tomó propuestas de distintos proyectos presentados en 2020 en momentos de la ola de incendios en todo el país.

El proyecto que se unificó giró a cuatro comisiones: Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería, Intereses Marítimos y Pesqueros; y Presupuesto y Hacienda. Salvo Intereses Marítimos, que es comandada por el diputado del PRO Juan Aicega, el resto son presididos por el oficialismo. Sin embargo, el proyecto sólo se debatió en la comisión de comanda Leonardo Grosso (Recursos Naturales).

En noviembre del año pasado obtuvo dictamen de mayoría en esa comisión que firmaron diputados del Frente de Todos y de Unidad Federal para el Desarrollo. Gran parte de los miembros de Juntos por el Cambio y Consenso Federal votaron en disidencia parcial. Tres diputados del PRO y un radical realizaron el dictamen en minoría.

En los últimos días, y a la espera de los resultados de las elecciones legislativas de este domingo, organizaciones ambientalistas alertaron que este proyecto podía perder estado parlamentario. Según el reglamento interno de la Cámara Baja «todo proyecto de ley sometido a la consideración del Congreso que no obtenga sanción en una de sus Cámaras durante el año parlamentario en que tuvo entrada en el cuerpo o en el siguiente se tendrá por caducado”.

En principio, algunos legisladores del oficialismo confían que luego del 15 de noviembre el proyecto se vuelva a poner en la agenda y sea debatido en las tres comisiones restantes  para poder llevarlo al recinto. De no lograrlo, con el recambio de Cámara, después del 10 de diciembre, se caerá el dictamen logrado en Recursos Naturales y a volverá a empezar.

En Argentina hay más de 600.000 kilómetros de humedales y abarcan el 21,5% de la superficie del país. La iniciativa promueve la creación de un inventario de estos terrenos, el establecimiento de presupuestos mínimos para su conservación y el uso racional y sostenible. Cambia la definición de humedal para que la protección abarque el bien jurídico protegido en su totalidad.

Asimismo, fija plazos para concluir el inventario de humedales y una moratoria de actividades que los continúan depredando. Y establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Ambiente y fija una  coordinación entre el Estado nacional, provincias e instituciones públicas del sector para evitar la demora en su aplicación.

Por otro lado, propone la creación un “Fondo Nacional de Humedales” y un manejo integral de las cuencas y un sistema de “semáforos” -similar al de la ley de Bosques- para delimitar las zonas de protección y donde será posible la continuidad de la producción, adaptada a las necesidades ambientales y de los productores locales.

Durante el año pasado, se realizaron distintas manifestaciones fuera del Congreso con el reclamo de que se apruebe la ley. Uno de los últimos,  surgió en agosto tras  la aparición de carpinchos en un barrio cerrado de Nordelta. Los humedales son el hábitat natural de los carpinchos, por lo que la noticia volvió a instalar el reclamo en las redes.