La decisión de la elección del nombre de la persona que ocupará la silla principal del Ministerio de Justicia quedó encapsulada entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, quienes este fin de semana estarán en la Patagonia. Alberto encabezó el operativo interministerial desplegado para paliar los efectos de los incendios en Chubut y Río Negro, y Cristina estará en El Calafate. La falta de apuro para tomar la decisión anunciada por el propio presidente marca una nueva forma de gobernar en coalición, creada a fuerza de necesidad por el propio Fernández.
El resto del Poder Ejecutivo quedó excluido de las cavilaciones. Será el primer círculo de poder el que se entere, antes de hacerse público. Tampoco se conoce el plazo que tendrá esta inusitada transición, o sea, hasta cuándo Marcela Losardo será ministra sin serlo. Una cosa es segura, según contó a Tiempo Argentino una alta fuente del Gabinete, y es que el nombre será consensuado con Cristina, pero la estrategia judicial que se trazará desde el Poder Ejecutivo llevará la firma del propio Alberto. “Es un tema muy caro para él por su formación como hombre de derecho”, explican. Es por eso que, después de que el propio presidente anunció su decisión de enfrentar el lawfare, la persona que ocupe la cabecera de la cartera judicial tendrá que cumplir con esa tarea, señalada desde siempre por Cristina Fernández.
Té para dos
Esa mesa bilateral de Alberto y Cristina solo se activa para tratar tres grandes ejes: las negociaciones con el FMI, la estrategia judicial y tarifas. El resto de los temas propios de la gestión los lleva el presidente con su Gabinete. En cambio, los tópicos más políticos se abordaban en la mesa de los martes, aquella reunión semanal entre el presidente con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos Máximo Kirchner, el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro y el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, pero este encuentro ya no tiene mucha periodicidad. La última vez que se reunieron –hace un mes–, Massa se llevó la posibilidad de poner en la agenda la modificación del piso del Impuesto a las Ganancias. El domingo pasado, el presidente le propuso poner en Justicia al diputado massista Ramiro Gutiérrez, pero el titular del Frente Renovador declinó la invitación.
Es por eso que la búsqueda de nombres a cielo abierto esta semana quedó circunscripta a dos: el diputado Martín Soria y la abogada y la académica feminista Marisa Herrera, una de las redactoras del último Código Civil y Comercial –aprobado durante el segundo mandato de Cristina Fernández–, que actualizó las leyes de familia a las formas de vida actuales, entre ellas, el divorcio vincular. El nombre de Herrera empezó a tomar fuerza en la semana debido a que la segunda, y no por eso menos importante, tarea que asumirá la titularidad de Justicia es que deberá ser receptiva al reclamo del movimiento feminista de despatriarcalizar la Justicia. En esa causa se anotaron Alberto, Cristina, Vilma Ibarra y Wado de Pedro. Sería una forma de mostrarse lejos de la rosca judicial y cerca de un reclamo genuino.
Más allá de los pergaminos académicos de esta investigadora del Conicet, Herrera tiene un perfil muy enfático, y a la vez un estilo llano para el discurso. Al igual que sus contrincantes, no proviene de la llamada “familia judicial”, pero sí conoce su entramado.
El gobierno decidió contrastar la indefinición circunstancial en Justicia con la actividad de otros ministerios. Los incendios en la Patagonia concentraron la presencia de Gabriel Katopodis, de Obra Pública, y Jorge Ferraresi, de Hábitat y Vivienda. Ya estaba en el territorio Juan Cabandié, de Ambiente. Esta impronta proactiva será la que, según pudo saber este medio, marcará el ritmo de la gestión en este año electoral, en el que el Gabinete también saldrá a marcar presencia en los distintos territorios.
El gobierno entró en clave electoral. Los ministros también se alinearán a una agenda de campaña, como una forma de extender la gestión de Alberto a todo el territorio, con el rebote económico y la vacunación masiva como contexto para seducir a los sectores medios. Se sumarán los gobernadores y el movimiento sindical, con Cristina como representante del núcleo duro, al que a veces se sumará el propio Alberto Fernández, como en la pelea contra el lawfare. Con el objetivo en la mira, resta encontrar a la persona que encarará esa tarea. Según cuentan en el
