La audiencia judicial de conciliación entre el presidente Alberto Fernández y la titular del PRO, Patricia Bullrich, fracasó esta tarde, luego de que la dirigente opositora ratificara sus dichos sobre un supuesto intento del Gobierno de obtener un retorno para promover la llegada a la Argentina de la vacuna Pfizer contra el coronavirus, que derivaron en el inicio de una demanda en su contra por parte del jefe de Estado.
Durante la audiencia, que se desarrolló en la sede del juzgado civil 21, ubicado en Talcahuano 490, Bullrich ratificó sus dichos.
«Hemos ratificado nuestros dichos, mi opinión de que el no podía desconocer que no se estaba firmando un acuerdo con Pfizer que le podía salvar la vida a los argentinos porque el había estado con los directivos de la empresa», dijo la titular del PRO en declaraciones a la prensa a la salida del juzgado.
Por su parte, el abogado del Presidente, Gregorio Dalbon, cuestionó que Bullrich haya adelantado en declaraciones periodísticas anoche que no pensaba retractarse de sus dichos.
«Ella nos tiene acostumbrados a que declare por TN y La Nación+. Como no había posibilidad de retractación, no lo expuse al Presidente y se quedó en un despacho aparte. Ella estaba desesperada por verlo, lo que no tenía ningún sentido, solo la perversidad de querer insultarlo», dijo el abogado del jefe de Estado.
Según precisó Dalbon, la audiencia terminó con «apertura de prueba, y ahora seguiremos en los Tribunales y ella seguramente seguirá hablando en los medios de comunicación que es la forma que tienen de hacer justicia».
En sus declaraciones a la salida del juzgado, Bullrich había señalado que «la audiencia no existió como tal, fue una parodia, el Presidente se escondió estando ahí adentro. Lamentablemente no le pude decir en la cara lo que debía decirle».
La audiencia de conciliación tenía por objetivo que la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri se retracte y asuma que lo que dijo no tenía anclaje en información cierta o que pague por sus dichos. Al no retractarse, avanzará la demanda.
El año pasado ambas partes habían protagonizado una mediación prejudicial que no llegó a ningún punto de acuerdo, por lo que el Fernández, representado por el abogado Gregorio Dalbón, demandó a Bullrich por 100 millones de pesos.
«La difamación en relación a las negociaciones con la vacuna del laboratorio Pfizer entra en etapa judicial. El presidente Alberto Fernández donará todo el resarcimiento al Instituto Malbrán como ya dijo», anunció Dalbón, en junio pasado, a través de una publicación en su cuenta de la red social Twitter.
La exministra de Seguridad había asegurado en una entrevista televisiva que el Gobierno intentó colocar un «socio local» en las negociaciones con Pfizer y aseguró que eso significaba el intento de obtener un «retorno» a cambio de comprar las vacunas elaboradas por ese laboratorio.
Los dichos de Bullrich fueron desmentidos por el propio laboratorio a través de un comunicado de prensa, primero, y por medio de sus representantes en una audiencia pública desarrollada en el Congreso de la Nación después.
El pasado 8 de junio, el laboratorio Pfizer negó en la Cámara de Diputados que haya habido algún «pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios» en las negociaciones con el Gobierno nacional para la adquisición de vacunas contra el coronavirus y descartó tener «interés» en bienes naturales o reservas del Banco Central.
«En ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios», aseveró en su momento el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, al exponer en una reunión informativa realizada en la Cámara baja, en la que también aseguró que el laboratorio está haciendo «el máximo esfuerzo para traer la vacuna a la Argentina».
Al momento de la demanda, el Ejecutivo consideró que los dichos de Bullrich revestían «hechos de gravedad institucional», porque implicaban sembrar sospechas en las entonces ya complicadas negociaciones para conseguir vacunas contra el coronavirus, en medio de una pandemia.
