El viernes les tocó salir a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Antes, a Amado Boudou y Roberto Baratta. Los próximos, se presume, serán Carlos Zannini y Julio De Vido. ¿A qué se debe la súbita excarcelación de exfuncionarios ligados –según la etiqueta del sistema tradicional de medios– a la «corrupción K»? 

Conviene empezar por lo obvio: o fueron mal apresados, o mal liberados. Ambas opciones, sin embargo, dejan al Poder Judicial en el mismo lugar: una ciénaga donde las leyes se manipulan para favorecer o perjudicar personas en función de las disputas de poder.

La mayoría de los argentinos perciben que en los tribunales se hace cualquier cosa menos justicia. Según distintos sondeos de opinión, el Poder Judicial es la institución con peor imagen: ocho de cada diez argentinos creen poco y nada en la tarea de jueces y fiscales.

Un país que descree de la justicia vive en los márgenes de la ley. Tiene lógica: ¿para qué cumplir las normas si no se confía en quienes administran su aplicación y deben custodiarlas?

Como es usual, el gobierno busca culpar a «la herencia recibida» por el bochorno. Por cierto, el caldo que cultivó lo que hoy ocurre en tribunales lleva décadas de cocción. Pero Cambiemos no modificó las prácticas que llevaron al subsuelo la imagen de la justicia. Aun más, las profundizaron.

Además de disponer de un amplio staff de operadores judiciales –con José Torello y Daniel Angelici como los más activos– el gobierno sumó una novedad: el traslado de jueces de distintos rangos y fueros para cubrir vacantes –y necesidades– en la justicia federal. El caso que rebalsó el vaso fue la conformación del Tribunal Oral Federal 9, designado para llevar adelante dos juicios contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Conformado en diciembre pasado, el Tribunal fue integrado por los jueces Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra. Hasta entonces, todos integraban el Tribunal Oral Criminal 10, que fue federalizado a propuesta del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Mahiques. La tríada presenta antecedentes de enemistad manifiesta con las políticas K. Mora es esposa del camarista civil Ricardo Recondo, extitular de la Asociación de Magistrados y antikirchnerista fervoroso. Becerra, de perfil conservador, es hijo de un general del Ejército. Noceti de Acahval consideró «prescriptibles» los delitos de lesa humanidad. Y fue jefe de Mahiques.

Los tres fueron convertidos en jueces federales por el pleno de votos oficialistas del Consejo de la Magistratura. Esa metodología de designación sin concurso fue lo que rechazó con dureza la Corte en su fallo del jueves.

El cuestionado sistema de designación a dedo se utilizó también para promover a Leopoldo Bruglia como camarista federal. Luego de un año de cubrir esa función como subrogante, la mayoría macrista del Consejo oficializó el nombramiento esta semana. Estrenó la designación el viernes, con un fallo en línea con los deseos del oficialismo: propuso mantener presos a López y De Sousa.

Como se sabe, su firma quedó en soledad. Los dos camaristas restantes –Jorge Ballesteros y Eduardo Farah– dispusieron la libertad de los empresarios con un texto cargado de veneno. «Si el encierro cautelar fuera el modo adecuado de tutelar las acreencias del Estado, no puedo imaginar cuántos otros empresarios debieran estar acompañando hoy, sin juicio de por medio, a Cristóbal López y a Carlos de Sousa», escribió Ballesteros en el fallo que suscribió Farah. 

La observación remite al escándalo del Correo, donde el presidente y su familia son investigados por una amplia gama de posibles delitos. La historia involucra sospechas de: coimas, aprietes mafiosos, saqueo al Estado, tráfico de influencias, abusos de poder y el uso intensivo de empresas offshore para ocultar origen y/o destino de los millones involucrados en posibles maniobras de vaciamiento y evasión.

Bien leído, con su fallo quizá Ballesteros le terminó haciendo un favor al clan presidencial. «