El ex CEO de la filial argentina de Isolux, Juan Carlos de Goycoechea, uno de los primeros arrepentidos de la causa de los cuadernos, amplió este miércoles su declaración indagatoria y le dijo al juez que le había pagado coimas a los ex funcionarios kirchneristas y no aportes de campaña como aseguraron otros empresarios.

El empresario se presentó con el objetivo de aclarar y ampliar algunos puntos de su declaración anterior y sostuvo que los pagos que le efectuó al detenido ex secretario del ministerio de Planificación, Roberto Baratta, no fueron en concepto de “aporte de campaña”, ya que ese era el eufemismo que utilizaba el ex funcionario para pedir las coimas, según relataron fuentes judiciales.

Al igual que lo había hecho en su primera presentación, De Goycoechea sostuvo que sabía que pagaba (en los años 2007 y 2008) para “destrabar los certificados de obra” de la Usina de Carbón de Río Turbio y para evitar que le rescindieran los contratos de obra pública. Además aseguró que desde el Ministerio de Planificación le imponían algunos proveedores con los que tenía que trabajar.

Las declaraciones de la mayoría de los empresarios arrepentidos entraron en crisis cuando declaró el también arrepentido ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Carlos Wagner, que le dijo al juez federal Claudio Bonadio que las empresas del rubro que él encabezaba habían formado parte de la cartelización de la obra pública.

“Las empresas se reunían en los lugares establecidos y determinaban el ganador de la licitación en función de sus intereses por la obra y del volumen de trabajo que tenían, tratando de priorizar a aquellas que menos volumen de trabajo tenían. Una vez adjudicada la obra el compromiso era abonar para gastos políticos”, declaró Wagner.

El ex titular de la CAC dijo que la cartelización empezó en 2004 y que del proceso participaron, entre otras, la empresa IECSA (que por esos días estaba bajo las órdenes de la familia Macri). Además se comprometió a seguir aportando los nombres de las demás empresas que intervinieron, tan pronto como las fuera recordando.

Los empresarios están acusados de haber integrado una asociación ilícita con los ex funcionarios públicos para recaudar dinero ilegal proveniente de la obra pública en distintos rubros. “La declaración de Wagner les dificultará el panorama a los empresarios arrepentidos, les va a costar demostrar que no fueron parte de una asociación ilícita”, le dijo a Tiempo una fuente judicial con acceso al expediente.

Por otro lado, este miércoles también fue aceptado como arrepentido el empresario Gabriel Romero, el dueño del holding Emepa que obtuvo durante el kirchenrismo la extensión de la autorización para explotar los negocios de la Hidrovía del Paraná, quien dijo que lo consiguió a través del pago de coimas.

Romero aseguró que a través de las coimas logró que le extendieran por decreto presidencial en 2010 la extensión de sus negocios en la Hidrovía. El empresario llegó a declarar en libertad y con su confesión logró que excarcelara también a su subordinado, Rodolfo Poblete.

La causa ya cuenta con 11 empresarios arrepentidos. El juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli tendrán un año para comprobar si los hombres de negocios aportaron información verdadera.