Es todo tirado de los pelos, una supuesta contravención que ni siquiera cometimos nosotros. ¿Cómo sigue esto? No lo sabemos. Imagino que el castigo será obligarnos a peregrinar por los tribunales. La intención es clara: generar temor en los padres. Supongo que como no saben qué hacer con los chicos, con un movimiento estudiantil cada vez más organizado, que eventualmente se manifiesta en las tomas, ahora apuntan a pegar en otro lado, en las familias, y quebrar los lazos solidarios al interior de cada comunidad educativa», dice Leonardo Rodríguez, editor de libros y padre de un alumno de la Escuela de Bellas Artes «Rogelio Yrurtia», de Parque Avellaneda. Es, según reveló el fiscal penal porteño Carlos Rolero Santurian, uno de los 43 padres y madres imputados por las tomas que sus hijos realizaron el año pasado en cuatro colegios secundarios de la Ciudad, aunque muchos de ellos ni siquiera han sido citados por la Justicia, y se enteraron al ser llamados por periodistas de medios afines al gobierno y de la agencia oficial Télam.
Leonardo sí recibió la citación esta semana, y mañana lunes a las 10 debe presentarse en la Fiscalía para ser notificado de la imputación. Hay cuatro sumarios abiertos, a partir de denuncias presentadas el 6 de agosto del año pasado por la Procuración de la Ciudad contra padres de los colegios Yrurtia, Mariano Moreno, Normal N° 1 «Pte. Roque Sáenz Peña» y Normal N° 6 «Vicente López y Planes».
El fiscal adelantó a los medios que imputa a los padres por infringir el artículo 57 del Código Contravencional (obstaculizar el ingreso o salida de lugares públicos), aunque no descarta utilizar la figura penal de usurpación. Rolero se ufanó en diálogo con Clarín: «Es la primera vez que se hace una imputación penal contra padres por la conducta de sus hijos».
Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Ciudad, advierte sobre la inconstitucionalidad de la medida: «Es lamentable. Afecta el derecho de reunión y la libertad de expresión de los y las adolescentes, reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño. Aquí no hay ninguna infracción, y encima intentan juzgar a los padres, en contra del principio de personalidad e intransmisibilidad de la pena. Es un absurdo jurídico», dice, sancionar a alguien por el acto de otro. Agrega el defensor que «el propio fiscal declaró que buscaba así evitar futuras tomas. Excede su función de investigar los hechos para hacer la tarea que corresponde al poder de policía».
La avanzada del fiscal Rolero, celebrada públicamente por el gobierno porteño y estratégicamente activada en el inicio del ciclo lectivo (a pesar de que las denuncias son del año pasado), busca reinstalar la lógica punitiva del polémico protocolo antitomas del Ministerio de Educación porteño, que prevé que los directores de los colegios identifiquen a los estudiantes que realicen tomas y llamen a sus padres para que los retiren, pretendiendo responsabilizar a aquellos que respalden la conducta de los chicos. Al parecer, los padres imputados son los que en algún momento firmaron actas autorizando la presencia de sus hijos en los pernoctes, particularmente los que se dieron en la previa de los debates por el aborto en el Congreso, en junio y agosto de 2018.
Precisamente, el gobierno porteño se preocupó por apelar el fallo que frenaba la aplicación del protocolo antitomas (cuya constitucionalidad aún debe ser resuelta por el Tribunal Superior de Justicia porteño) de manera que estuviera vigente en esa sensible coyuntura. «Quieren reinstalarlo. La Procuración lo usa para denunciar y el fiscal, para criminalizar a los padres», dice Duacastella.
El colectivo Familias x la Escuela Pública participó ayer de un festival por la educación pública en Pepirí y Uspallata, Parque Patricios, frente al predio donde el gobierno porteño prometió construir una escuela que nunca se hizo. Una de las madres presuntamente imputadas del Normal N° 1, integrante del colectivo, acepta hablar con Tiempo, pero pide no publicar su nombre porque aún no fue citada por la Justicia. «Me enteré porque me llamaron de Télam. A otra mamá la llamaron de Clarín. Quisiera saber cómo obtuvieron mi nombre y mi teléfono, si ni siquiera recibí una citación, vulnerando mi privacidad y la de los menores involucrados. Quiero que quede claro que lo del Normal N° 1 no fue una toma, sino un pernocte. Como sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros repudiamos la lógica punitiva con la que quieren avasallar los derechos de los chicos. Ellos no toman escuelas porque sí, sino por causas justas. Lo deciden en asambleas y los papás los apoyamos». Para esta mamá, se trata de un modo de «disciplinar a un grupo de padres que participamos del amparo contra la Secundaria del Futuro». Ese proyecto, frenado entonces, fue votado luego por la mayoría oficialista en la Legislatura.
Por ahora, la figura es contravencional, y supone una pena de trabajos comunitarios y eventuales multas desde 2000 pesos, pero nadie sabe hasta dónde puede llegar la cruzada del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta contra la comunidad educativa que rechaza sus proyectos de reforma y vaciamiento de la escuela pública. «Si es por hacer trabajos comunitarios –dice esta mamá–, vivimos haciéndolo en las cooperadoras».
Aún se desconoce cuántos son los padres imputados. «El número de 43, entiendo, salió de la misma fiscalía. Suena un poco perverso, recuerda a los 43 de Ayotzinapa –se inquieta Leonardo Rodríguez–. O son demasiado maquiavélicos o la causalidad escolástica les dio cuarenta y tres». «
