Agustín Simone ocupa desde diciembre una de las carteras más complejas de la provincia de Buenos Aires: el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. El gobernador Axel Kicillof le confió la tarea de ordenar la obra pública, que María Eugenia Vidal tuvo como el gran pilar de su gestión. «Fue más un eslogan de campaña o de marketing político, fue parte del relato», resume el ministro en diálogo con Tiempo y cuenta que encontraron 255 obras paradas o «neutralizadas» por 11.600 millones de pesos: en ese paquete hay viviendas, rutas, obras hidráulicas, cloacas, que se frenaron en los últimos dos años. Apunta que Cambiemos no usó los préstamos internacionales que tenía a disposición y que todos los pagos del Ministerio –excepto los sueldos– «se pararon en agosto, tras las PASO».

Simone anticipa cuáles son las prioridades en el marco de la delicada situación financiera: habla de la revisión de la tarifa social y también de la negociación por los subsidios al transporte y la energía con Nación que este año podrían trepar a 68 mil millones de pesos: «La Provincia no está en condiciones de pagar», advierte.

–A lo largo de su gestión, Vidal hizo una bandera de la obra pública e incluso justificó así la deuda que tomó. ¿Qué encontraron al asumir?

–Nos encontramos con un ministerio que hacía dos años que no tenía un presupuesto relevante para obras. El de 2018 y 2019 fue muy bajo en comparación con el de 2017, lo cual generó una especie de bola de nieve porque las obras que se habían licitado después se encontraron sin presupuesto. En términos generales no creo que haya sido una característica la obra pública tal como se la promocionó, me parece que fue un más un eslogan de campaña o de marketing político. En cuanto al financiamiento, se negociaron muchos préstamos internacionales y no se usó ninguno. No creo que haya sido una gestión que se caracterice por la obra pública, más allá de ciertas cuestiones puntuales que se hicieron.

–¿Cuáles son esas cuestiones?

–En 2017 hubo refacción de rutas en Vialidad. Presupuestariamente es lo más destacable hecho por el ministerio y después está el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) que representó una cantidad de obras chicas en los municipios y que es algo que le impuso la Legislatura al oficialismo al exigirle que destine el 16% de la deuda a los municipios. El FIM fue gran parte de las obras que ellos mostraron en la campaña de 2019 y, más allá de eso, las obras de Vialidad que fueron sobre todo reparación, refacción y mantenimiento de rutas.

–¿El parate presupuestario se debió a la inflación?

–Creo que el problema arranca en mayo de 2018 con la suba del dólar y el corte del financiamiento. Ahí la Provincia deja el presupuesto fijo en los valores de 2017. El ajuste se da por la misma inflación. Hay un ejemplo claro: dentro del presupuesto, el ejecutado en 2017 en el rubro «Bienes de Uso» (que es la obra pública) fue 18 mil millones, mientras que en 2018 y en 2019 fue de 14 mil millones. Bajaron un poco, dejaron un valor fijado en pesos y la inflación hizo el resto. El ajuste se basó en eso.

–¿Cuántas obras encontraron paradas y por cuánta plata?

–Encontramos 161 obras paralizadas por 6500 millones de pesos y 94 obras neutralizadas por 5150 millones. En total, son 255 obras por 11.600 millones de pesos. Neutralizadas son las obras que, de común acuerdo, se decide no hacer. Si uno piensa que el ejecutado de este ministerio fue de 14 mil millones el año pasado, tiene una cantidad de obras paradas por casi el presupuesto de un año.

–¿Qué van a hacer con esas obras?

–Tenemos otro problema que son las obras en ejecución por unos 53 mil millones de pesos, más obras de convenio por otros 10 mil millones. Todas se dejaron de pagar desde agosto. Contablemente no están paralizadas, pero el contratista o dejó de trabajar o está trabajando muy lento, o el municipio las neutralizó o está poniendo los fondos. Incluso me parece más cuestionable aun que el gobierno anterior en simultáneo a esta situación empezó a dar inicio a obras por la campaña: es decir que, sin tener presupuesto para pagar las que estaban en curso, empezó a dar inicio a otras. Entonces ahora vienen intendentes o contratistas a los que les pagaron en agosto o en octubre un 5% o 10% de adelanto y nada más. Lanzaron obras sin plata sólo para la campaña.

–Dentro de estas obras, ¿cuáles son la prioridad?

–Dentro de estos 53 mil millones tenés obras de viviendas al 80% que están paradas hace dos años. Ahí el impulso presupuestario para terminarlas y entregarlas es mínimo; entonces, hoy nos estamos focalizando en esos casos, en obras con un grado de avance muy alto. Hay rutas, obras hidráulicas, de agua y cloacas, de viviendas.

–¿Cuál es el margen presupuestario para presentar un plan propio de obras?

–Ese es el problema: esta situación de ajuste presupuestario y de compromiso muchos años hacia adelante te limita mucho para tener un plan de obras. ¿Qué me dijo el gobernador? En primer lugar, hay que ver las urgencias; después, por una cuestión de costo-beneficio, hay obras que tenés que terminar, como las viviendas, para que no se deterioren. Vemos ambas cosas. Lo que sí hay, como ellos no usaron el financiamiento externo, es un cúmulo de financiamiento disponible y estamos armando un plan de obras para determinados objetivos. Tenés el préstamo del BID para el río Reconquista que se firmó en 2014 y se tendría que haber terminado en 2018, pero está al 30% de ejecución. Por ende, estamos trabajando en el plan de obras para ejecutar el 70% restante. Otro caso es la cuenca del Luján o la cuenca del Salado, que Vidal vendió como una deuda histórica pero finalmente sólo hizo el 5% de la obra que ahora estamos reanudando.

–Durante el gobierno de Vidal, los intendentes peronistas decían que los discriminaban en el reparto de obras. ¿Esto se ve en los números que analizaron?

–Es verdad. Más o menos 3 a 1: por cada peso que le daban a un municipio opositor le daban 3 pesos a un municipio oficialista.

–¿Qué les piden los intendentes oficialistas y opositores?

–Primero, están todos preocupados por el corte de pagos a partir de agosto, tanto por las obras que hace el ministerio como las que se hacen por convenio. En general, todos tienen necesidades de pavimentación, de agua y cloacas, de obras hospitalarias. Y después hay muchos municipios del interior que tienen colapsada la red de agua y de cloacas, no sólo la red sino la capacidad de tratamiento. Todos los intendentes coinciden en que en estos cuatro años se deterioró mucho el servicio de ABSA.

–¿Las tarifas eléctricas van a seguir congeladas?

–Hoy está más que claro que no es momento de modificar tarifas. Nosotros estamos en un proceso de revisión de 180 días que firmamos con la principal empresa prestadora, que es DESA (Desarrolladora Energética SA), porque básicamente lo que pasaba acá es que no había regulación. El OCEBA, que es el organismo que debía encargarse, no tenía voluntad política para controlar a las prestadoras, entonces ahora estamos viendo cuánto fue realmente lo que invirtieron.

–Le pidieron a la Nación que vuelva a asumir el costo de los subsidios a las tarifas eléctricas y el transporte. ¿Cómo está la negociación?

–El año pasado, la Nación le trasladó a la Provincia todos los subsidios: el de transporte y el de energía son los más importantes. Eso representó unos 26 mil millones de pesos en transporte que este año se irían a 60 mil millones, y en energía fueron unos 8 mil millones –que es la tarifa social–, que este año dependerá de a cuánto esté la tarifa; hoy está congelada. Es decir que este año los subsidios sumarían 68 mil millones y un poco más si hay algún aumento. Es una situación que no tiene asidero porque la Nación le decía a la Provincia cuánto sale el boleto, negociaba la paritaria y además fijaba el valor del combustible, y la Provincia iba y pagaba los subsidios. Fiscalmente fue algo muy dañino para la Provincia que no está en condiciones de pagar ese nivel de subsidios. Terminó neutralizando completamente el ingreso de los recursos por el Fondo del Conurbano, con un problema adicional: que los subsidios suben rápidamente porque cualquier incremento de costos los hace subir. Fue algo muy perjudicial para la Provincia. El año pasado se pagó de subsidios 33 mil millones, es decir más que todo el presupuesto de este ministerio, que ejecutó 26 mil millones.

–¿Cuál fue la respuesta de Nación?

–Lo estamos trabajando. Lo venimos trabajando muy bien con ellos desde el primer día: no es un tema fácil de resolver. «

Tarifa social, en revisión

El gobierno provincial quiere revisar también la tarifa social de la luz. Simone señala que el esquema actual no es justo. «Cuando se hizo la tarifa social se hizo un cruce de bases de datos, se estableció a quién le correspondía y nada más. Y hay mucha injusticia de ambos lados: hay mucha gente que tiene la tarifa social y no debería tenerla y, al revés, hay mucha gente que debería tenerla y por este cruce quedó afuera», dice.

El ministro explica que cuando se creó la tarifa «se establecieron ciertos indicios de capacidad contributiva» en base al consumo, pero que no se tuvo en cuenta que hay hogares de sectores bajos que tienen un mayor consumo eléctrico porque los sistemas que usan para calefaccionarse consumen más energía porque son menos eficientes. «Hay lugares donde el consumo es más alto y eso no quiere decir que sea gente de recursos altos sino que tiene que ver con un hábito de consumo y situaciones insalvables para esa población y eso la tarifa social no lo prevé», acota.