Una jueza se inhibió de intervenir en una causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos porque cuando se hizo cargo del expediente comprobó que ella misma estaba entre los espiados.
Se trata de María Eugenia Capuchetti, titular del juzgado federal número 5 (que supo ocupar históricamente Norberto Oyarbide) pero ahora subrogando el juzgado 6 desde la renuncia por jubilación de Rodolfo Canicoba Corral.
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“Surge de las constancias que me encuentro entre los posibles damnificados por la comisión del delito de acción pública que aquí se investiga, vinculado a la posible utilización de mis datos personales que obran en bancos públicos”, explicó Capuchetti al apartarse de la investigación.
La causa se inició a partir de denuncias originadas por un artículo periodístico publicado por el editorialista Carlos Pagni en el diario La Nación el 2 de abril de 2017, en el que consignó que “un sector de la Agencia Federal de Inteligencia se dedicaría a realizar operaciones clandestinas, mencionando numerosos blancos de dicho accionar, así como también, a los agentes que presuntamente llevarían a cabo el mismo”.
La modalidad medular del espionaje consistía en el ingreso al sistema de la Dirección Nacional de Migraciones para establecer los viajes al exterior de determinadas personas, entre ellos 21 jueces y fiscales, incluido al menos uno de la Corte Suprema.
Aquella denuncia fue corroborada. Y si bien la modalidad es similar a la que utilizaba el falso abogado Marcelo D’Alessio, según la imputación que le dirigió el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, se trata de casos y espiados distintos. Sólo coincide la modalidad del espionaje ilegal.
La causa fue impulsada por el fiscal Ramiro González y avanzó fatigosamente hasta la renuncia de Canicoba. Cuando Capuchetti se hizo cargo provisoriamente del juzgado se encontró con una sorpresa en ese expediente: “se formaron diferentes legajos de investigación, surgiendo puntualmente del nº 5, que están siendo investigadas consultas allí realizadas sobre mi persona”.
“El ejercicio normal e imparcial de la función jurisdiccional podría verse afectado, por mi carácter de damnificada”, sostuvo la jueza.
“Deteniéndome puntualmente en los hechos que me involucran, entiendo existen circunstancias formales que me inhabilitan para intervenir en el presente proceso”, añadió.
La AFI, a través de sus jefes por entonces, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, formuló la denuncia y recurrió al remanido argumento del “cuentapropismo” de agentes infieles que recababan esa información para beneficios personales.
La lista de supuestos espiados es extensa e incluye a futbolistas como Lionel Messi, artistas como Mirtha Legrand y periodistas como Jorge Lanata. Entre los jueces, fueron investigados los movimientos migratorios de Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Ana María Figueroa, Martín Irurzun, Mariano Llorens, Capuchetti, Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Luis Rodríguez, María Servini, Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart, Pablo Yadarola, Claudio Gutiérrez de la Cárcova, María Gabriela López Iñíguez, Sabrina Namer, Ángel Gabriel Nardiello, Sergio Paduczak, Javier Ríos, José Martínez Sobrino y Nicolás Toselli.
Según consignó Tiempo a principios de agosto pasado, Capuchetti (designada jueza en abril de 2019) realizó varias visitas a la AFI en el contexto de su desembarco en Comodoro Py 2002.
Visitó a Majdalani el 19 de marzo de 2018 a las 16.35; el 16 de abril entre las 14.20 y las 16.20; el 25 de abril entre las 13.38 y las 15.30; el 6 de julio entre las 13.26 y las 14.17 y el 4 de setiembre entre las 12.50 y las 14.32. En los registros de la central de inteligencia figura otra visita, el 3 de octubre de 2018, a Arribas.
