«Queremos alertar a los diferentes sectores y a la comunidad que están destruyendo la herramienta que significa el Ministerio de Trabajo», advirtió el delegado del cuerpo de delegados de ATE en la Cartera bonaerense, Alberto Ramírez. Es que los trabajadores del Ministerio denunciaron que la gestión de Marcelo Villegas está encaminada a concluir con el «vaciamiento de las políticas de Estado en materia de trabajo en la Provincia». Los trabajadores elaboraron un detallado documento en el que advirtieron sobre «el desguace» de la cartera del Ejecutivo bonaerense en la gestión de María Eugenia Vidal. Uno de los principales problemas que señalan es la tercerización de las conciliaciones laborales.

En un documento de nueve páginas los trabajadores, el cuerpo de delegados y el gremio de ATE denunciaron el «cierre de la Asesoría Jurídica Gratuita a los trabajadores», que fue establecida como función esencial del Ministerio por la ley 10.149, y también «el vaciamiento de las otras herramientas esenciales del organismo como son las conciliaciones, inspecciones, servicio médico, aparejando a su vez consecuencias para todo el resto de las áreas (administrativos, notificadores, etc.), la negación de la participación sindical en el procedimiento de inspecciones y poniendo en riesgo puestos de trabajo y oficinas regionales en toda la jurisdicción provincial».

Ramírez integra la asesoría y aclaró que aunque estaba pendiente de implementación plena, la gestión inició el ajuste con ese espacio. «Tienen el proyecto de traspasar las conciliaciones laborales a los estudios privados», explicó.

En ese camino, denunciaron que el primer paso para el cierre que dio el Ministerio fue avanzar en la realización de un convenio por el que delega en el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (COLPROBA) la provisión del servicio de asistencia jurídica gratuita a los trabajadores. Esa tarea es una función estatal y su delegación viola la ley provincial que indica la obligatoriedad del servicio de asesoría en cada Delegación Regional. Según esa norma, esa tarea está a cargo de la Subsecretaría de Trabajo y tiene como objetivo «representar y patrocinar a los trabajadores en juicio».

«Cuando vienen los laburantes los derivan y les sortean un abogado. Muchos piden que los atendamos nosotros porque muchas veces son cuestiones muy simples como saber cuánto deben cobrar. Imaginate que si le toca un abogado que está esperando cobrar algo, no le va a solucionar nada», razonó el delegado.

En el documento, los trabajadores del Ministerio de Trabajo señalaron que las limitaciones a las conciliaciones laborales las vuelven inexistentes, y que sumado al cierre de la Asesoría Jurídica Gratuita también determina una menor cantidad de conciliaciones, ya que los asesoramientos que hacían los abogados del Ministerio derivaban en la formación de audiencias conciliatorias en el mismo organismo. 

El sistema de conciliación laboral del ministerio permitía a los trabajadores, sindicatos e incluso los empleadores, llegar a acuerdos y a la justicia sólo llegaban los casos controvertidos. «Por todo eso entendemos que la sumatoria de medidas adoptadas sólo busca desalentar el reclamo laboral favoreciendo al sector empresario», explicaron.

También denunciaron la que en la actualidad las inspecciones se dirigen a los pequeños establecimientos comerciales, a las pymes, dejando de lado los principios generales vinculados a salubridad, seguridad, e informalidad «y apuntando sólo a la faz recaudatoria».

Por otro lado, denunciaron la falta de inversión en salud para los trabajadores y el incumplimiento de la obligación de “consultorios médicos para todas las cuestiones vinculadas al trabajo” que indica la ley 10149. «En muchas Delegaciones Regionales no hay servicio médico y no se han repuesto los cargos en caso de jubilación o cese de los profesionales, ahondando también en esta temática la indefensión del trabajador que padece un infortunio laboral o una enfermedad inculpable no reconocida por su empleador», agregaron.

En el interior provincial el panorama es desalentador: «La presente gestión anunció el cierre de las subdelegaciones, que generó el rechazo del movimiento obrero regional. Hoy entendemos también en riesgo la continuidad y existencia del conjunto de las Delegaciones Regionales, ya que no se repone el personal que se jubila o cesa por motivos personales, no se renuevan alquileres y el contexto descripto de cese o limitaciones en el cumplimiento de las funciones esenciales del Organismo (asesoría, conciliaciones, notificaciones, inspecciones laborales y de higiene y seguridad) torna una cuestión de tiempo el desguace de las delegaciones de toda la provincia», explicaron.

A principios de año una movida gremial evitó que el ministerio cerrara la delegación de Brandsen, un distrito ubicado a pocos kilómetros de La Plata. Los dos trabajadores de la cartera continúan con su labor, pero se deshicieron del edificio y ahora solo tienen una mesa de entradas en la municipalidad local.

También denunciaron la inestabilidad laboral del personal con tareas en el ministerio y limitaciones en la  Subsecretaría de Empleo. En ese camino, explicaron que si bien esa dependencia se creó para aplicar programas para atender situaciones de desocupación y con propuestas específicas para sectores con mayor vulnerabilidad (personas con capacidades diferentes, seguimiento de la prohibición de trabajo infantil, entre otras), denunciaron que no hay propuestas que apunten al trabajo productivo ni que los que ya hay tengan desarrollo provincial.

«Lo que advertimos es que la idea que esta gestión tiene de lo que debe ser un ministerio de Trabajo es la de una empresa privada: lo ven como una herramienta para controlar a los trabajadores del Estado -como hicieron en los paros docentes- y no para fortalecer el trabajo de los bonaerenses», concluyó Ramírez.