Adrián Falco, coordinador de la Red de justicia fiscal de América Latina y El Caribe dialogó con Tiempo para contextualizar la tenencia de cuentas y empresas en guaridas fiscales. El sociólogo expone las falacias del ministro de Finanzas Luis Caputo, las consecuencias que tiene en las cuentas públicas de los Estados la evasión offshore y las propuestas para empezar a regular el flujo internacional de dinero no registrado.
Caputo se defendió en el Congreso al argumentar que lo que hace es legal y hasta usó la analogía de la caja de seguridad. ¿Qué hay de cierto en todo eso?
Cuando Caputo dice que tener una offshore no es delito es lo mismo que decir que comprarse un arma no es delito. Todas las offshore se crearon para hacer negocios fuera de los Estados y evadir a los fiscos. Ellos operan con una ingeniería fiscal armada por abogados y contadores que miran el planisferio y analizan qué países tienen leyes laxas para el depósito de dinero, como las islas del Caribe, las islas que dependen de la corona Británica, Suecia, Luxemburgo, Holanda e Irlanda. Pero lo más grave es que circula dinero y no se sabe de quién es, como es el caso de Caputo. Él dice que la plata no es suya, que es un fiduciario. Él admite que trabaja de tenedor de dinero. Pero esa plata puede ser de un cártel de drogas o un grupo que se dedica a trata de personas. Caputo es fiduciario, cuida la fortuna de muchas personas, pero no te pueden decir quiénes son por el secreto bancario. En esas jurisdicciones hay arena, mar y secreto bancario, que es inviolable. Si un juez argentino pide el nombre del dueño de una cuenta o empresa a través de un exhorto, la respuesta es el secreto bancario. Mossack Fonseca brindaba servicios de beneficiarios reales para guardar dinero que podía ser mal habido. Caputo dijo que esto es una caja de seguridad, y en un banco para abrir una caja de seguridad lo primero que tenés que poner es tu nombre y apellido. Para una offshore no hace falta. En 24 horas abrís una empresa offshore, el depósito llega por otra vía y luego se protege por secreto bancario. Y lo más peligroso es que es dinero que se le pierde el rastro y puede financiar terrorismo, sobornos. Odebrecht usaba paraísos fiscales para pagar los sobornos.
Tras los escándalos internacionales renunciaron a sus cargos muchos políticos de distintos países, pero ¿cambió algo en el sistema offshore?
Se sabe que hay empresas y cuentas offshore porque hay filtraciones. Si no fuese por eso nunca hubiéramos sabido que Mauricio Macri y Caputo tenían empresas y cuentas en guaridas fiscales. Las filtraciones no son neutras, el principal país más beneficiado por eso es Estados Unidos, que también es guarida fiscal, ya que apenas se filtró la información, todos los fondos volaron hacia allá. No cae nadie porque lo utilizan todos. Es una herramienta, un vehículo para cometer delitos, para defraudar a los Estados. Hay un involucramiento general de la clase política y de la clase empresaria. Y sobre todo si esa clase está de los dos lados del mostrador. El caso de Noctua es clarísimo. No tiene como dueño a una persona sino a una empresa, que a la vez tiene como dueño a dos o tres empresas, y el beneficiario final nunca aparece. Cuando una persona abre una cuenta en un banco le piden nombre y apellido, DNI, nombre de los padres. Es injusto que si un empresario va abrir una empresa o cuenta en cualquier parte del mundo se arme una ingeniería fiscal para eludir el alcance de los fiscos.
¿Cuál es el perjuicio que genera este sistema a los países?
Estas guaridas fiscales atentan contra los fiscos de los países y terminan debilitando los presupuestos públicos, lo que profundiza la desigualdad social. La evasión fiscal por parte de las grandes multinacionales supone para los países pobres dejar de percibir al menos 100 mil millones de dólares cada año en impuestos. El dinero que está en las cuevas fiscales es dinero que se pierde. No va a parar a planes sociales, ni rutas, ni hospitales. Es dinero que no ingresa al país, que no forma parte de los presupuestos públicos y eso ensancha la desigualdad. Argentina en 2016 se endeudó por 24 mil millones de dólares y la evasión de las multinacionales fue de 21 mil millones de dólares. Esto representa 4 puntos de PBI. No es que tenemos que endeudarnos para cubrir un déficit, hay que ajustar los controles. Achicar el gasto público es achicar el Estado, y eso a su vez reduce los mecanismos para ejercer el control. Mientras el ciudadano común tiene que hacer la declaración jurada, pagar Ganancias, sacar su clave fiscal, pagar monotributo, por otra ventanilla el dinero circula libre con secreto bancario.
¿Cuáles son las iniciativas que puede empezar a regular este sistema offshore?
Desde la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe entendemos que algunos caminos posibles para empezar a terminar con las jurisdicciones opacas o guaridas fiscales son la creación de un órgano intergubernamental en la ONU sobre tributación internacional con espacios reales de participación de la sociedad civil. Ecuador avanzo fuertemente en esa línea. Otra de las formas para combatir la evasión internacional es el intercambio automático de información entre países. Si un argentino deposita dinero en Holanda, es necesario que la AFIP lo sepa. Hay otro mecanismo que se llama reporte país por país, que propone exigir a las empresas la información sobre la ubicación de las casas matrices y sucursales, si tienen empresas con otro nombre, cuánto dinero ganan, donde pagan los impuestos, qué acuerdos están operando en su ingeniería fiscal. También proponemos el registro público de beneficiarios finales de sociedades, empresas, fundaciones, fideicomisos. Necesitamos saber quiénes son las personas de carne y hueso que están detrás de esta red de sociedades.
Las iniciativas de los expresidentes Cristina Fernández y Rafael Correa para impedir que asuman funcionarios con fondos offshore, ¿pueden aportar?
El problema es que Argentina no tiene una lista de paraísos fiscales, la tuvo en su momento, y ahora no la tiene más. Desde el decreto 589/2013 Argentina cambió la figura de «paraísos fiscales» por la de «jurisdicciones cooperantes». Esto se hizo así en función de la adhesión de nuestro país a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que impulsaba la OCDE. Esto le permitiría a Argentina comenzar a intercambiar información tributaria con otros países. Argentina, con sólo firmar un acuerdo de intercambio, ya dejaba fuera de la lista negra a ese país. Hoy en la lista de países cooperantes están las Islas Vírgenes Británicas, jurisdicción que posee el curioso dato de tener 30 empresas por cada uno de sus 28 mil habitantes en una superficie de 153 km2. Hay que volver a tener un registro de paraísos fiscales registrados en la AFIP. Y no que los organismos de control sean zorros dentro del gallinero. Es necesario crear un cuerpo intergubernamental dentro de la ONU que regule la fiscalidad a nivel internacional. Necesitamos que la fiscalidad internacional sea regulada en un lugar democrático con todos los países del mundo.«
