El gobierno porteño viene utilizando la misma estrategia de siempre cuando un fallo judicial le es adverso: ignorarlo. Tiempo publicó hace unos días la resolución del Juzgado de la Justicia Nacional del Trabajo de 1ra Instancia N°4, que ordenaba al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “que se disponga el cese del comportamiento antisindical” y que proceda a la inmediata devolución de los descuentos de días de huelga realizados a las y los trabajadores de la educación, que se adhirieron a las medidas de fuerza que fueron convocadas a mediados de abril de este año.
De esta manera la Justicia laboral había hecho lugar a una presentación presentada por la Asociación Docente Ademys, uno de los gremios mayoritarios de la Ciudad. El fallo de este tribunal, no solo ordenaba la devolución de los descuentos del mes de abril, sino que decretaba que el Ministerio de Educación porteño se abstenga de descontar los salarios percibidos durante el mes de mayo, a aquellos trabajadores de la educación que se adhirieron a las medidas de cese total de actividades, con el objetivo de resguardar la vida y la salud, y en cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno Nacional, en el peor contexto de la pandemia.
A contrapunto de la orden judicial, y por segundo mes consecutivo, la ministra Soledad Acuña violó el fallo y realizó nuevamente los descuentos ilegales. En algunos casos, las deducciones salariales superan los 35 mil pesos. Si se tiene en cuenta que un docente sin antigüedad, que trabaja jornada simple, tiene un salario mensual de $40.886, ese sector a lo largo de cuatro semanas de paro cobró en mano 5 mil pesos.
“Desconocen el fallo judicial y es claramente una medida disciplinadora”, afirmó a Tiempo María Isabel Grau, secretaria de Prensa de Ademys. “Además, esta decisión es absolutamente arbitraria porque nosotros tenemos compañeras y compañeros que les descontaron 22 mil pesos, a otros 5 mil y a algunos 30 mil, y todos realizaron el paro total de actividades durante todas las jornadas. Esto genera angustia e incertidumbre en el conjunto de las y los trabajadores de la educación, porque con esta forma discriminadora de descuentos no te dejan planificar a futuro las medidas de fuerza, por temor a que te descuenten todo el salario al mes siguiente”, agrega Grau.
En el mismo sentido se expresó el otro gremio docente mayoritario de la Ciudad, UTE-Ctera: “los descuentos representan un castigo a trabajadores y trabajadoras que protegen la salud de la comunidad al garantizar la continuidad pedagógica a distancia en una región considerada de alarma epidemiológica, con tasas de incidencia superiores a las de aquellos países que suspenden la presencialidad escolar”, destaca en un comunicado la unión de Trabajadores de la Educación.
“Además, el castigo de Larreta a quienes viven de su salario -el cual tiene un carácter alimentario-, desconoce que la ciudad que mal gobierna presenta una saturación de las unidades de terapia intensiva. También se adueñaron de dinero que otorga el gobierno nacional a todos las y los trabajadores del país en el concepto de conectividad, un logro alcanzado en la Paritaria Nacional Docente”, agrega el documento.
La avanzada del gobierno porteño sobre las y los docentes no termina aquí. Esta semana, la cartera que conduce Soledad Acuña, realizó una modificación inconsulta del Estatuto Docente, donde se plasman todos los derechos laborales del sector. Mediante el decreto 179/21 alteró artículos referidos a la carrera docente.
“Una vez más el gobierno porteño realizó, de manera unilateral y arbitraria, cambios que debieron haberse discutido al inicio de concursos, es decir antes del 31 de marzo. Semejante irregularidad hace inviable que estas modificaciones sean aplicables al año en curso. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación rechazamos esta modificación y exigimos la inmediata convocatoria a la Mesa de Condiciones Laborales, que es la instancia en la que debe discutirse y acordarse cualquier tipo de modificación al Estatuto Docente”, denuncia UTE en otro comunicado.
El artículo en cuestión es el que permite el acceso a cargos docentes. Acuña modificó ese punto delegando la potestad absoluta a la Comisión del Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales COREAP y modificando el puntaje docente dando marcha atrás al Decreto 678, establecido en el año 2017. Desde la Unión Argentina de Maestros y Profesionales –CAMYP- denunciaron este “avasallamiento a la trayectoria docente y al estatuto”, pero en el mismo sentido alertan que “la intención del ministerio de avanzar contra todos los derechos adquiridos, de desentenderse de las prioridades en este contexto, de no atender las demandas de una docencia que en el frente de batalla sostiene la educación pública y reclama sobre el cuidado de su salud”.
Tiempo se puso en contacto en varias oportunidades con el ministerio porteño para conocer el porqué de ambas decisiones, pero funcionarios de la cartera educativa manifestaron que no estaban habilitados para hablar sobre el tema.
