La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) desmintió el contenido de una denuncia penal impulsada por un abogado en Comodoro Py, a raíz de un informe de un programa de televisión sobre supuestos gastos ostentosos del organismo.
La denuncia, presentada el jueves pasado por el abogado Santiago Dupuy de Lome y sorteada el lunes para el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, apunta a la compra de cuatro camionetas 4 x 4, 25 autos “de alta gama” y otras erogaciones.
El denunciante Dupuy de Lome basó su denuncia en un programa de la señal de noticias TN, que emitió un informe bajo la consigna “en qué se gasta la plata” del presupuesto de ACUMAR.
El organismo, que está a cargo de Martín Sabatella, explicó que los tres millones de pesos presupuestados como “catering” corresponden a “refrigerios que son entregados en el marco del cumplimiento de las acciones del Plan Integral de Saneamiento Ambiental, luego de las extracciones de sangre para análisis y seguimiento de la población de la cuenca”.
Esas evaluaciones se realizan sobre personas “cuya historia clínica ambiental sugiere la posibilidad de exposición al plomo” y luego de la extracción “se les entrega, por ejemplo, un desayuno”.
Respecto de los rodados todo terreno, la ACUMAR explicó que son “necesarios por la dificultad de acceso ya que hay ciertos lugares a los que se puede llegar con vehículos de tracción simple, como los caminos rurales, bordes de arroyos, humedales, y también para inspecciones por vuelcos clandestinos en el río”.
El organismo, del que participan la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, subrayó además que el reequipamiento de vehículos se produjo como consecuencia del “desmantelamiento del parque automotor que ACUMAR sufrió durante la gestión pasada”.
“Al iniciar la nueva gestión nos encontramos con más de un 40 por ciento del parque automotor sin funcionar”, explicaron.
La denuncia basada sobre el programa de TV también cuestionaba el gasto en redes sociales, del orden del millón de pesos.
Esa erogación –aclaró el organismo- ya se había efectuado “en 2015, dos veces en 2017 y nuevamente en 2018, por 1.772.733 pesos, monto superior al presupuestado por esta gestión”.
La denuncia está registrada en tribunales con el número 1477/2021 y apunta a los presuntos delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, reprochados a Sabatella.