La Corte Suprema tiene dormida desde hace casi tres años una denuncia por la firma del acuerdo Foradori-Duncan entre la Argentina y Gran Bretaña durante el gobierno de Mauricio Macri. Reflotado aquel pacto bilateral, a raíz de las revelaciones etílicas del exministro de Exteriores británico Alan Duncan, salió también a flote la causa 2266/2019, radicada en el máximo tribunal y cuyo último “movimiento” es del 7 de febrero pasado, cuando aterrizó en la vocalía número tres, la de Horacio Rosatti.

Se trata de una denuncia impulsada por la abogada Claudia Sambro Merlo, que ingresó a la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte el 9 de octubre de 2019 y desde entonces rebota de un despacho a otro sin que en todo ese tiempo haya registrado ningún avance significativo.

¿Qué dice la denuncia? Bajo el ropaje de un amparo ambiental, la abogada cuestionó que uno de los puntos que acordaron el vicecanciller argentino Carlos Foradori con su par inglés abrió el camino para una política de cielos abiertos cuyo impacto central fue la habilitación de la aeroestación de Palomar como aeropuerto de cabotaje.

Pero a lo largo de 155 páginas, la acción judicial describe aspectos negativos para la Argentina de aquel entendimiento que, según la confesión literaria de Duncan, Foradori suscribió bajo los efectos de varias copas de buen vino merlot.

La acción judicial pide concretamente la nulidad “del Comunicado Conjunto Registrado inicialmente en la Cancillería Argentina como Comunicado Nº 10 conocido como ‘Pacto Foradori Duncan’, germen para institucional que permitió la comisión de estos delitos ambientales”. 

¿Qué hizo la Corte desde entonces? Ni bien ingresó la denuncia, la envió a la Procuración General de la Nación para que opinara sobre si debía abocarse a su estudio y tratamiento. El 30 de diciembre de 2019 la procuradora adjunta Laura Monti consideró que “este proceso resulta ajeno a la competencia originaria de la Corte”. Es decir que el máximo tribunal pudo, a dos meses de iniciada la causa, declarar qué fuero debía intervenir, mandarla a sorteo y permitir que el expediente recorriera el laberíntico espinel judicial. Pero también pudo –atento a que el dictamen de la Procuración no es vinculante– declarar su competencia y avanzar con el tratamiento del planteo. No hizo ni una cosa ni la otra. Ni siquiera resolvió una recusación de la denunciante contra el juez Carlos Rosenkrantz por su vinculación con uno de los involucrados en la presentación.

Desde hace dos años y cuatro meses, la denuncia deambula entre la Secretaría de Juicios Ambientales y los despachos de los cuatro jueces, varias veces, de ida y de vuelta. El derrotero está reflejado en el expediente electrónico, que es de acceso público porque, si algo quiere la Corte, es que sus acciones sean transparentes.

La alusión al vino del excanciller Duncan es, en este contexto, casi una anécdota. El buen vino parece un catalizador de experiencias y, sobre todo, de relaciones bilaterales.

En mayo de 2018, en la previa de la Cumbre del G-20 que se celebró en Buenos Aires, el entonces canciller y hoy premier británico Boris Johnson visitó Argentina y depositó una ofrenda floral ante el monumento que recuerda a los caídos en Malvinas. Pero además de aquel gesto diplomático, Johnson tuvo definiciones políticas y económicas. «Nuestras posturas sobre el reclamo de soberanía que hace la Argentina son bien conocidas, pero eso no debería impedir todo lo que estamos haciendo para profundizar la relación comercial. Espero ser uno de los primeros pasajeros que vuele en las nuevas rutas que se establezcan entre la Argentina y las Islas».

Esos vuelos fueron uno de los puntos más cuestionados del acuerdo. Incluso la abogada Valeria Carreras, quien representa a la querella mayoritaria de familiares de víctimas del ARA San Juan, denunció penalmente al expresidente Macri y a varios de sus funcionarios por el presunto delito de “traición a la patria”. El fallecido fiscal Jorge Di Lello impulsó la investigación y el exjuez federal –hoy miembro de la Suprema Corte bonaerense–dispuso medidas de prueba que, tres años después, tampoco avanzaron. Tras el “hecho nuevo” (las confesiones de Duncan), Carreras busca reflotar esa otra causa que también hiberna en tribunales. La denuncia de Sambro Merlo explicaba que “en septiembre de 2016, a diez meses del ingreso del gobierno de Cambiemos, el vicecanciller Foradori suscribió con su par británico un acta acuerdo que dio en llamarse el ‘Acuerdo Foradori Duncan’. El primer hito de cumplimiento de ese acuerdo fue la instalación