El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Leandro Santoro, participó hoy de un abrazo simbólico al predio de la ex ciudad deportiva de Boca por el que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta intenta cerrar un acuerdo con el Grupo IRSA para permitir torres de lujo de 145 metros. Mañana, la Legislatura tratará el convenio entre la administración porteña y el holding dirigido por Eduardo Elsztain que permite cambiar la normativa y construir el megacomplejo Costa Urbana en la Costanera Sur. La semana pasada la justicia porteña revocó el fallo que suspendía el tratamiento en la Legislatura porque faltaban los estudios de impacto ambiental.

“No a las torres, si al deporte”, se leía en la bandera blanca con letras negras sostenida por un grupo de vecinas, vecinos, deportistas, legisladores y legisladoras del Frente de Todos, en el predio que fue comprado por la empresa IRSA en el año 1997 y en el que ahora se busca construir torres de lujo. Delante de la bandera, Santoro dio un discurso en el que denunció que en caso de aprobarse el cambio de normativa, el costo de las tierras sin construir pasarían de 51 a 1600 millones de dólares.

“Hace pocos días ingresó a la Legislatura un proyecto para insistir con el cambio de normativa. ¿Saben qué fue lo que pasó? Ese mismo día en el que ingresó, las acciones de la empresa IRSA pasaron a costar un 28% más porque estos terrenos sin construir pasarían de 51 a una cifra estimada que supera los 1600 millones de dólares, sin construir. Solamente porque se permitiría la construcción de torres de departamentos. Estimamos 900.000 metros cuadrados para la construcción de pisos que podrían llegar a valer alrededor de 7000 dólares el metro cuadrado. ¿Se dan cuenta de la magnitud del negocio? La Ciudad de Buenos Aires tiene un Puerto Madero, la pregunta es si necesita un Puerto Madero 2”, sostuvo el actual legislador.

El proyecto que se tratará mañana permite el desarrollo de Costa Urbana y cambia los usos del terreno que actualmente son exclusivos para cuestiones deportivas para habilitar un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en la costanera. Desde el oficialismo defienden el convenio porque sostienen que IRSA debe ceder 47 hectáreas para armar un parque público y en las otras 24,6 la construcción privada en las tierras linderas a la Reserva Ecológica y al barrio Rodrigo Bueno.

“El mundo está discutiendo el cambio climático y lo que viene para adaptar nuestra forma de vida a esa nueva agenda y a esa realidad. En el caso de estas tierras, tenían como utilidad social la idea de pensar un espacio deportivo y en, todo caso, si había construcciones, era para construir un ámbito de encuentro deportivo. Con el tiempo se plantea un cambio de normativa que fue objetada por los mismos socios de la coalición que hoy gobierna la ciudad”, denunció Santoro.

La semana pasada, el juez Luis Ammirato, a cargo del juzgado 10 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, revocó una medida cautelar que suspendió el tratamiento del convenio en la Legislatura. Durante la feria judicial, el magistrado de primera instancia Guillermo Martín Scheibler había frenado el debate legislativo porque consideraba que era necesario realizar un «procedimiento técnico administrativo completo de evaluación de impacto ambiental, que incluye entre sus alternativas de modo obligatorio la realización de una audiencia pública».

Así, le dio lugar al amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría de Laburantes en el que se indicaba la violación al artículo 63 de la Constitución de la Ciudad de convocar a una audiencia pública para proyectos de planeamiento urbano. Sin embargo, Ammirato sostuvo que la audiencia pública y las demás consideraciones se pueden realizar durante el tratamiento de la ley ya que implica doble lectura por lo que le dio vía libre al oficialismo.