La Corte Suprema resolvió finalmente decretar un cese de la actividad judicial a gran escala, declarando “inhábiles los días 16 a 31 de marzo para las actuaciones ante todos los tribunales”, como medida preventiva ante la pandemia de coronavirus. 

Mediante una acordada firmada esta tarde, después de intensas y ríspidas discusiones entre los cinco miembros del alto tribunal (algunos de ellos a la distancia porque se trata de pacientes de riesgo), el máximo tribunal dispuso además echar mano al Fondo Anticíclico y destinar 40 millones de pesos para afrontar los gastos que demande la emergencia.

La Corte se preocupó por aclarar que no se trata de una “feria” judicial, ni menos aún de un adelantamiento de la prevista para el próximo invierno, sino de una medida excepcional que declara “inhábiles” a las próximas dos semanas. En esa sintonía, la acordada dispone “que los tribunales aseguren una prestación mínima del servicio de justicia durante el plazo establecido, debiendo cubrirse prioritariamente con los magistrados y/o funcionarios de las dependencias respectivas que nos e encuentren dentro de los grupos de riesgo”.

Salvo esas virtuales guardias judiciales, nadie más trabajará: la acordada dispuso la licencia del “resto del personal con goce de haberes” y también quedó suspendida la atención al público. La Corte dispuso también “licencia con goce de haberes a padres, madres, tutores o adoptantes a cargo de menores de edad que concurran a establecimientos educativos”.

Desde el viernes último, el máximo tribunal deliberaba en torno a qué hacer ante la crisis por el coronavirus. El domingo, el presidente del tribunal, Carlos Rosenkratnz (el único que no estaba de acuerdo con paralizar la actividad judicial) convocó a una reunión a la que sólo asistió su colega Horacio Rosatti y los integrantes de una comisión médica conformada para evaluar la situación.

Juan Carlos Maqueda, apenas regresado de Estados Unidos, se puso en cuarentena; otro tanto hizo Elena Highton de Nolasco, quien por su edad integra el grupo de mayor riesgo ante la pandemia. Ricardo Lorenzetti tampoco concurrió y su situación de tirantez con Rosenkrantz rozó por momentos el punto más alto de una relación conflictiva desde hace largo rato.

Finalmente, tras una deliberación de esta mañana que concluyó por la tarde después de un cuarto intermedio de una hora, la Corte resolvió una feria que no se llama feria.

La medida está en consonancia con los pronunciamientos que, como si se tratara de una presión poco disimulada, formularon los tribunales inferiores e incluso las entidades relacionadas con la Justicia.

El referente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, había exigido mediante notas a la Corte y al Consejo de la Magistratura, y a través de las redes sociales, la adopción de medidas para preservar la salud de los matriculados.  El secretario general de la gremial de los judiciales, Julio Piumato, incluso amenazó con un “paro sanitario” para garantizar la salud de los trabajadores.

La mayoría de los tribunales había emitido acordadas y recomendaciones para reducir al mínimo el contacto con el público y la asistencia a los lugares de trabajo. Ello convertía a la actividad judicial en una feria virtual; aún sin decisión de la Corte, la actividad hubiera sido similar a la de los recesos de enero o julio, tal vez menos incluso.

La Cámara Federal de Casación excluyó de concurrir a los “grupos de riesgo, quienes se encuentren a cargo de menores escolarizados y/o personas que requieran asistencia (servicio a distancia).  El restante personal deberá asistir de manera rotativa o por mitades en cada una de las dependencias, en un máximo del 50 por ciento, en sus respectivas dependencias”.

Casación tiene superintendencia sobre el edificio de Comodoro Py 2002. Allí, el tribunal había recomendado “restringir la cantidad de personas que ingresen en los edificios” y “evitar el ingreso a los edificios de servicios de entrega a destino, delivery».

La Cámara del Crimen porteño había dispuesto “reemplazar las audiencias orales por un memorial escrito; limitar la convocatoria de personas y letrados a lo estrictamente necesario. En caso de resultar ineludible deberá ser dispuesta priorizando el uso de medios electrónicos”.

La Cámara Federal porteña había dispuesto “despoblar las oficinas para procurar la distancia ente las personas, sea en la forma de desdoblar los turnos o de trabajo domiciliario, maximizar el uso de herramientas de comunicación telefónicas y telemáticas, instrumentar la barrera física para la atención de las mesas de entadas”. En igual sentido se había pronunciado el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.