El Presidente Mauricio Macri decidió unilateralmente, por decreto, crear una “reserva ambiental” en parte de los terrenos de Campo de Mayo y generó no sólo la preocupación y el repudio de los organismos de derechos humanos, sino también la decisión de efectuar una presentación judicial internacional. Se debe a que allí podría haber aún restos de los cuerpos de los detenidos-desaparecidos, junto a otras pruebas de los centros clandestinos de detención emplazados en la zona durante la última dictadura cívico-militar.

En este sentido, Abuelas de Plaza de Mayo presentó una denuncia ante la ONU, en la que solicitó intervención al organismo internacional, ante la posibilidad de que se concreten modificaciones en el lugar, que se ponga en riesgo los derechos de las víctimas y que el Estado argentino viole parte de sus obligaciones internacionales. También, Abuelas alertó sobre la falta de participación y consulta a las víctimas y la sociedad civil.

En un comunicado, Abuelas anunció: “Las Abuelas de Plaza de Mayo repudiamos el decreto presidencial publicado hoy en el Boletín Oficial que crea la ‘Reserva Ambiental de la Defensa Campo de Mayo’ y pone en riesgo, así, la preservación de un espacio fundamental para la búsqueda de Verdad, Memoria y Justicia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército argentino durante la última dictadura cívico militar”.

“En la guarnición militar de Campo de Mayo funcionaron, al menos, tres centros clandestinos de detención; allí permanecieron alrededor de cinco mil víctimas y se estima que más de 30 bebés nacieron en esas dependencias durante el cautiverio de sus madres”, recordaron.

Abuelas señaló que el decreto fracciona a Campo de Mayo en tres espacios diferentes: la “Reserva Ambiental” propiamente dicha, otro espacio de uso militar intensivo, y un tercer espacio del que no se especifica el destino, pero que, según versiones periodísticas, sería destinado a ampliar una planta del CEAMSE que ya funciona en el lugar. “No puede descartarse que en los tres lugares se hallen restos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar”, advirtieron.

Así, Abuelas presentó la denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y al “Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición” de Naciones Unidas.

En la presentación, Abuelas alertó que “existe un alto riesgo de que en el corto plazo se hagan modificaciones sustanciales en Campo de Mayo, poniendo en serio riesgo los derechos de víctimas de crímenes de lesa humanidad, en violación de las obligaciones internacionales en la materia asumidas por el Estado Argentino”. Y solicitó que se “tengan a bien adoptar medidas, con el alcance de sus respectivos mandatos, para prevenir que tales violaciones ocurran y garantizar los derechos de las víctimas”.

El letrado de Abuelas, Alan Iud, explicó a Página/12: “Encendemos una alarma porque no descartamos que en esos lugares sea necesario hacer excavaciones”. Y el abogado también marcó que, si bien el decreto presidencial asegura que se preservarán los sitios de la memoria, los lugares identificados como tales “están prácticamente abandonados, no hay resguardo ni mantenimiento”.