Las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron ayer el vaciamiento de áreas sensibles del Ministerio de Seguridad de la Nación dedicadas al sostenimiento de las políticas de Derechos Humanos, y advirtieron sobre la desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, que permiten la identificación de los hijos de desaparecidos. A través de un comunicado, Abuelas responsabilizó a la ministra Patricia Bullrich por la medida publicada en el Boletín Oficial referida a la nueva estructura orgánica del Ministerio que dirige.

El Estado nacional había creado en 2009 el GEAJ para dejar de lado la intervención de las fuerzas de seguridad al momento de la toma de muestras de ADN, ya que se constató que en muchas ocasiones los agentes intervinieron de forma maliciosa para complicar la investigación de la búsqueda de los bebés apropiados. De esta manera, se ponía en manos de funcionarios judiciales el contacto con las personas que podrían llegar a ser víctimas de su apropiación.

Pablo Lachener, abogado de Abuelas detalló la situación a Tiempo: «Desde hace meses notábamos que el área no estaba funcionando bien y con retraso. Argumentaban excusas de sobrecarga de trabajo, y ayer nos desayunamos con la noticia. Este grupo especial se pone en funcionamiento cuando las muestras no pueden ser tomadas de manera voluntaria y hace falta una intervención de personal especializado y adecuado a las víctimas y al delito», expresó. «No es que se deja de buscar a los nietos. Esa es una tarea de toda la sociedad, pero que deje de funcionar este grupo afecta la investigación», detalló el abogado.

Tal como había anticipado Tiempo en su edición especial del 24 de marzo, Bullrich había comenzado a analizar cómo aplicar el «cambio» que prometió Mauricio Macri en su campaña. Días después de asumir, envió al Ministerio de Modernización un nuevo organigrama en el que ya no figuraba un área de Derechos Humanos. En esa área estaba incluido el GEAJ. De hecho, ya se despidió a 15 de los 33 miembros de la Dirección, entre ellos los integrantes del equipo de Investigación, el GEAJ, el de cotejamiento de huellas digitales y de Género. «Los despidos afectan a todas las áreas del Estado relacionadas con las políticas de memoria, verdad y justicia, los relevamientos documentales, la realización de informes sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en la dictadura, entre otras tareas. Se cuestiona el trabajo que se realiza, se desmantelan áreas, se quita apoyo», advirtió Lachener.
 »Era una tarea delicada la toma de muestras de ADN para identificar judicialmente a nuestros nietos, hijos de desaparecidos, no podía quedar en manos de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos actuaban con complicidad con los apropiadores, fraguando la toma de muestras para tornar imposible las restituciones», denunció Abuelas.

 La asociación recordó que a fines de 2014 fue condenado el oficial de policía Adolfo Porcel por haber fraguado, en 2005, en complicidad con el ex gendarme y apropiador, Víctor Enrique Rei, las muestras del allanamiento realizado en la restitución del nieto Alejandro Pedro Sandoval Fontana. «Ese policía es el que había remplazado el ADN de la víctima con el de un perro», recordó el abogado.

 Abuelas le reclamó a Macri «que tome las medidas necesarias para dar marcha atrás con la grave decisión adoptada por la ministra Bullrich» bajo advertencia de denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno nacional por el incumplimiento del acuerdo del año 2009.
En menos de cinco años desde la Dirección se remitieron unas 3500 unidades documentales a distintas investigaciones judiciales y allí se elaboró, por ejemplo, un mecanismo de identificación de cadáveres NN que permitió dar con el paradero de 37 personas desaparecidas, entre ellas, el de Luciano Arruga. «