Después de que el fiscal Guillermo Marijuan pidiera desestimar la denuncia contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por el uso de datos de la Anses, su par Federico Delgado promovió una investigación penal por el mismo motivo, a raíz de una denuncia presentada por la abogada Valeria Laura Carreras ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
La cuestión a desentrañar se ciñe en determinar si la base de datos de la ANSES constituye un recurso del que puede disponer el estado para difundir los actos de gobierno, indicó el fiscal, quien busca determinar la legalidad (o no) del convenio marco para el traspaso de datos de Anses a la Secretaría de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
En ese sentido, Carrera no tiene dudas: Los datos contenidos en dicha base son de carácter no público y por ende sensibles.
Con su dictamen, el fiscal le propuso al juez federal Sebastián Casanello que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia, evalúe la legalidad del convenio de traspaso de datos de ANSES. Además, lo mismo deberá determinar la Procuración del Tesoro de la Nación, y dos expertos más independientes del Poder Ejecutivo Nacional.
A diferencia del fiscal Delgado, la semana pasada Marijuan había pedido desestimar una denuncia en el fuero federal penal contra Peña por inexistencia de delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público», «abuso de autoridad» y «violación de secretos y privacidad». La denuncia había sido radicada por los diputados del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade.
