El gobierno nacional rindió cuentas sobre la situación de los derechos humanos en el país ante la ONU este lunes en el Examen Periódico Universal (EPU), en el que el acceso al aborto legal, la violencia de género y la situación de los pueblos originarios quedaron expuestas como las principales deudas de la Argentina. Las recomendaciones que hicieron los Estados al país se conocerán este viernes.

El EPU es un proceso de monitoreo entre todos los Estados miembros de Naciones Unidas. Se realiza cada cinco años y este lunes fue el tercer período de revisión para Argentina. Allí se verificó el cumplimiento de compromisos asumidos en el examen anterior de 2012 y se combina con la situación de derechos humanos actual.

Como contó Tiempo en su edición del domingo, el gobierno de Macri rindió sus primeras cuentas en la evaluación de la ONU con el batifondo de la masiva movilización por la desaparición de Santiago Maldonado y un pedido de la CIDH de intervención a la Corte Interamericana de DD.HH por la detención de Milagro Sala.

Entre las principales recomendaciones que diferentes Estados le hicieron a la Argentina en la 28° sesión de EPU se destacaron las deudas sobre derechos sexuales y reproductivos y hacia los pueblos originarios y preocupación sobre la violencia de género, la situación de los migrantes y las torturas.

La delegación argentina estuvo encabezada por el Secretario de DD.HH y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, e integrada por el subsecretario Brian Schapira y la directora del Poder Ejecutivo en el ENACOM, Silvana Giudici, entre otros.

Durante la evaluación los funcionarios argentinos tuvieron un cruce con la delegación de Venezuela, encabezada por Félix Peña Ramos, quien recomendó tomar medidas para erradicar el excesivo uso de la fuerza y las ejecuciones sumarias por parte de las fuerzas de seguridad, denunció discriminación contra los pueblos originarios y recomendó que el uso de la prisión preventiva “no sea la norma”. La intervención enervó a Avruj, que negó todas las acusaciones.

En la introducción al EPU, el secretario había asegurado que los DDHH son “política de Estado” y en la misma oración criticó al gobierno anterior y festejó la pretendida apertura al sistema universal y regional de protección de derechos. “Tras años de triste y frustrante auto-aislamiento, Argentina es un país abierto al mundo y estamos dejando atrás años de populismo”, dijo.

Luego enumeró una serie de visitas de veedores y representantes de ONU y CIDH, como ejemplo de apertura, pero omitió mencionar que sus recomendaciones no se cumplen.

Para la evaluación, la presidencia de EPU y los países miembros contaron, entre otros, con un informe de Amnistía Internacional (AI) en el que el organismo listó sus principales preocupaciones. “La Evaluación es una oportunidad para monitorear avances en materia de derechos humanos”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de AI Argentina.

Recomendaciones y preocupaciones

Durante el EPU, los Estados mostraron preocupación por los índices de embarazo adolescente en Argentina y pidieron que se garantice el acceso al aborto legal en condiciones igualitarias, así como que se tomen medidas para que ninguna mujer se vea sujeta a sanciones penales por la interrupción del embarazo.

También pidieron que se promueva la educación sexual integral y que se abra al debate público la despenalización del aborto. El Estado argentino dijo que trabaja en el marco del Plan Nacional para Prevención de Embarazo en la Adolescencia, que fue lanzado recientemente.

Otra recomendación, relacionada con la violencia de género, fue la necesidad de designar los recursos adecuados e implementar el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. También solicitaron garantizar la asistencia a las víctimas, elevar el Instituto Nacional de la Mujer a rango ministerial y desarrollar la producción de información sobre casos de violencia de género.

Otro planteo fue por la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 -que endureció la Ley de migraciones e incrementó las deportaciones- y la protección de los derechos de los migrantes. La respuesta argentina fue defender ese decreto y señalar que una sentencia judicial que confirmó su legalidad.

Durante el examen, Avruj anunció que implementará un Plan Nacional de Derechos Humanos que se encuentra pendiente de aprobación por decreto presidencial. En su resumen reivindicó la política que su gestión realiza en los juicios por crímenes de lesa humanidad y remarcó que la Secretaría continúa siendo querellante en los juicios por los crímenes de la dictadura.

Pese a que su reacción apenas conocido el fallo del 2×1 fue convalidar la decisión judicial, en la ONU remarcó que el gobierno se opuso al fallo que benefició al represo Muiña con una ley derogada hace casi dos décadas.

En tren reivindicativo, al final de su presentación Avruj ponderó la identificación de los 123 soldados sepultados como NN en Malvinas. “Estamos ante un hito de nuestra gestión”, dijo y aclaró que el logro fue gracias al acuerdo del Estado Argentino, Gran Bretaña y la Cruz Roja.

Este viernes se publicará un informe preliminar y en marzo se aprobará el informe final por el Consejo de Derechos Humanos, en el que Argentina deberá informar cuáles de las recomendaciones acepta y se compromete a implementar.