Habían pasado apenas tres meses de aquel 13 de agosto de 2018, cuando los senadores votaron en contra de la media sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y la noticia de nuevo aparecía como una puñalada en el estómago de las miles de mujeres que luchaban por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito: una niña de 13 años moría en Formosa por no haber tenido acceso a ese derecho.
Durante ese año, mientras se daba el debate en ambas cámaras, fueron ocho las mujeres que perdieron la vida por abortos mal practicados. Sus entornos, en todas las ocasiones, manifestaron haber tenido miedo de ser denunciados, por eso no asistieron a tiempo a las guardias médicas.
Esta cifra, según el informe “Sin ley: zona de riesgo” presentado por el medio feminista LatFem, creció el doble hasta este año: se registran en forma extraoficial 16 muertes de niñas, adolescentes y adultas por abortos inseguros.
Como se dijo en repetidas ocasiones durante la jornada de debates del jueves, la criminalización no aporta más que mujeres muertas, ya que los abortos existen y se practican más de 500 mil anuales en este país.
El segundo día de las exposiciones en Diputados, el caso de Mariela, la mujer de 40 años que perdió la vida en Jesús María, Córdoba, estremeció a las activistas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La mujer ya tenía hijos, y esta vez decidió interrumpir su embarazo. No se conoció el método por el cual intentó abortar, pero al hospital llegó con un cuadro de asepsia avanzada. Después de tres semanas en terapia, murió.
Sin embargo, un sector del poder político no duda en hacerse eco de argumentos falaces y engañosos para justificar la constante vulneración del derecho a decidir y de gozar de las mujeres.
Un mensaje político que oprime: las niñas madre
Los sectores antiderechos, autodenominados provida, profundizaron su carácter ofensivo desde aquel apoyo explícito de los senadores que fundamentaron su voto en mitos y avanzaron con su intervención pública en las interrupciones legales del embarazo.
Desde 2018 hasta ahora, equipos médicos, profesionales excusados en la objeción de conciencia y provincias que no adhieren al protocolo ILE pusieron en riesgo la salud de al menos ocho niñas. La cifra no es precisa pero constituye un piso, dado que se trata solo de casos que salieron a la luz. La mayoría, por vergüenza o simplemente para no sufrir hostigamientos, prefiere no dar a conocer la medida.
Este mes, el Estado jujeño nuevamente vulneró los derechos de una niña de 12 años que había ingresado al hospital público con un embarazo producto de una violación. Una vez más, desde los equipos profesionales alargaron los tiempos para realizar la práctica y finalmente argumentaron que no podían garantizarla porque era peligroso para la vida de la niña. El pedido de interrupción fue formulado en tiempo y forma, y la insistencia de la niña fue tal que se le realizó una microcesárea, que según expertos es muchísimo más peligrosa que una interrupción en tiempo y forma.
Un caso similar había sucedido en enero de 2019 con una nena de 11 años en San Pedro de Jujuy, allí la derivación al hospital público la hizo el mismo director del nosocomio del lugar, quien es abiertamente declarado “provida”. En ese caso, también se retrasó el aborto y realizaron una cesárea de la que nació una niña que días después murió.
Las actitudes de los profesionales no son más que una respuesta al retroceso que implicó en esos espacios el voto negativo de los senadores. Sin bien la sociedad creció a pasos agigantados en información de estas temáticas, los sectores antiderechos enquistados en instituciones se fortalecieron con el apoyo político.
En 2018, la Legislatura de Tucumán declaró a la provincia Provida, una figura que no tiene ningún valor jurídico pero sí impone un valor simbólico: seguir aplastando los derechos de las mujeres. Durante 2018, el actual gobernador, Juan Manzur junto a Osvaldo Jaldo encabezaron con los opositores José Cano y Silvia Elías de Perez la marcha provida. “Para nosotros fue una negación de las condiciones en que vivimos”, expresó Verónica Camacho, dirigente de la Casa de las Mujeres Norma Nassif durante la vigilia del 10 de diciembre frente a la Casa Histórica.
Y es cierto, Tucumán, como muchas provincias del NOA, tiene un sector político que se niega sistemáticamente a ampliar los derechos de las mujeres. Un caso emblema es el de Lucía, una niña abusada por la pareja de su abuelo que también tuvo que recorrer los avatares de los pasillos de un hospital en el que todos los profesionales se declaraban objetores de conciencia.
El caso de la nena tucumana estuvo atravesado por escandalosos comportamientos del poder político, desde la ministra de Salud, Roxana Chahla, que negó que hayan existido las dilaciones para la práctica, hasta los intentos de Gustavo Vigliocco por convencer a la mamá de que la nena continúe con el embarazo.
Lucía también tuvo que atravesar una traumática cesárea practicada por Cecilia Ousset y José Gijena, quienes hoy enfrentan una causa penal bajo la carátula de homicidio. Mientras realizaban la práctica, los grupos antiderechos hacían cadena de oraciones y rezaban a las puertas del hospital.
En septiembre, en Corrientes, una niña de 10 años dio a luz luego de que la hayan convencido a ella y a su mamá de que continúe con el embarazo. Si bien la ginecóloga al saber que el embarazo era producto de una violación le explicitó sus derechos a la niña, no hubo un equipo psicológico que la contenga y finalmente la pediatra la alentó a continuar con la gestación. Unos días antes de la fecha de parto, los sectores de la iglesia evangélica, que también se acercaron a la niña, le organizaron un baby shower.
En mayo, había sucedido una situación similiar en Santiago del Estero, una nena de 12 años había solicitado la interrupción del embarazo y luego de que pasaron semanas sin respuesta, tuvo que continuar con él. También era producto de una violación.
El panorama ILE
Según el informe «Aborto en Cifras» realizado por Mariana Romero y Silvia Moises, algunas jurisdicciones informan cuántas interrupciones legales del embarazo se realizan. En la Ciudad de Buenos Aires hubo 8388 en 2019; en la Provincia de Buenos Aires, 5.028 en la primera mitad de 2020; y en Rosario se practicaron 1312 ILE en 2018.
Además, el informe también aclara que el 55% de las mujeres que accedieron a la ILE en la Ciudad de Buenos Aires tenían entre 20 y 29 años y el 14% eran menores de 20 años. Entre 2016 y 2018, hubo 459 mujeres que murieron por causas relacionadas al embarazo, parto y puerperio, de las cuales 65 estuvieron relacionadas con el aborto.
Criminalización
El CELS realizó una investigación con información actualizada sobre la magnitud y las características que presenta la persecución penal de los abortos y los eventos obstétricos. En el informe consta que de 2012 a 2020 hubo 825 causas iniciadas por aborto en doce jurisdicciones del país y 37 posibles casos de eventos obstétricos, ocultos bajo la figura de homicidio o abandono de persona.
Abstención por amenazas
“No estoy actuando libremente y me abstendré a la hora de votar”. La denuncia fue realizada por el diputado Daniel Ferreyra del Frente de Todos de Jujuy durante su intervención en la madrugada del 11 de diciembre. “No es un buen día para mí, para que no todos entienden lo que significa la palabra democracia”. Según el diputado, luego de sus declaraciones a la prensa local acerca de la intención de su voto, recibió presiones. “Estoy recibiendo todo tipo de amenazas en lo personal, que no me preocupan, pero llamaron a lo de mi hija en la mañana de hoy”, expresó y anticipó que se abstenía de votar.
Desde 2018, cuando el Senado se negó sancionar la ley, las agrupaciones intensificaron su violencia, empoderadas de algún modo por la decisión de los senadores. Tanto, que organizaron manifestaciones para evitar las interrupciones legales del embarazo en niñas abusadas.
En las últimas horas del sábado, la periodista Analía Argento denunció en su Twitter que recibió el pedido de un pastor que solicitaba contactos de los senadores provida e indecisos. «Los celestes» preparan nuevas presiones para los legisladores.
