Abogados de todo el país, que representan a querellas particulares y a organizaciones de derechos humanos en juicios de lesa humanidad, pidieron que se declare el Estado de emergencia judicial en causas en la que se investigan esos crímenes.

El pedido quedó plasmado en el documento final de las IV Jornadas de abogados querellantes en causas por delitos de lesa humanidad que se llevaron a cabo en el Auditorio de Abuelas de Plaza de Mayo, en el predio de la ex Esma, y fueron declaradas de «interés institucional» por la Procuración General de la Nación.

Los letrados reclamaron que «se dispongan todos los mecanismos legales, procesales y administrativos que garanticen que estos juicios cumplan con el principio de continuidad, justicia pronta y activa».

Además, advirtieron que denunciarán «en los ámbitos internacionales las prácticas políticas negacionistas del Gobierno Nacional y los intentos de materializar la impunidad, en connivencia con jueces y funcionarios del Poder Judicial» y solicitaron «una urgente reunión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura, para exigir un diagnóstico exhaustivo del estado de situación de los procesos en todo el país y requerir la puesta en marcha de mecanismos que apunten a la aceleración de los juicios por crímenes de lesa humanidad».
El encuentro, que contó con la asistencia de fiscales de diferentes jurisdicciones y funcionarios de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, culminó ayer con una conferencia de prensa en la que difundieron el comunicado en el que pidieron que «la Memoria, la Verdad y la Justicia sigan siendo política de Estado».

También repudiaron «enérgicamente la persecución política, el hostigamiento y criminalización que se viene produciendo en este tiempo contra los trabajadores y luchadores sociales» y citaron los casos de Hebe de Bonafini y de Milagro Sala, a quien definieron como «una presa política de los gobiernos de Gerardo Morales y Mauricio Macri, cuyas condiciones de detención se han visto seriamente agravadas por estas horas».

«Creemos firmemente que estos hechos contrarían el Estado de Derecho y dañan a la Democracia que tanto nos costaran recuperar», remarcaron.
En diálogo con Télam, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta indicó que otro de los puntos fue sobre «la responsabilidad civil en delitos de lesa humanidad», ya que señaló que «en marzo del año próximo está previsto que comience el juicio por el caso Ford contra dos directivos de esa firma».
Participaron del encuentro más de 100 abogados, representantes de ATE, SADOP, de Curas de Opción por los Pobres, Lita Boitano, por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Horacio Verbitsky, por el CELS y Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, entre otros.