El oficialismo intentará avanzar en febrero con el juicio político al procurador Julio Conte Grand en la Legislatura bonaerense. En la Cámara de Diputados, donde el Frente de Todos presentó el proyecto para investigarlo por «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones», les falta un voto para poder sesionar y conformar la comisión que lleve adelante la recolección de pruebas y lo acuse luego ante el Senado.

El proyecto que promueve el juicio político fue presentado el 4 de enero, días después de la investigación judicial que se abrió por la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre la reunión llevada adelante el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia entre agentes de la AFI, exministros de María Eugenia Vidal y empresarios de la construcción. Fue justo en el marco de esa denuncia que Conte Grand declaró el jueves ante la Bicameral del Congreso Nacional, que está abocada a determinar si existió una “mesa judicial” durante el gobierno de Cambiemos.

El peronismo ya intentó avanzar con una sesión extraordinaria en enero pero no logró reunir el quórum de 47 diputados, sobre los 92 que integran el cuerpo. Tiene 43 legisladores propios y sumó al unibloque aliado «17 de Noviembre», más los dos diputados de la Izquierda. Le resta una mano para poder sesionar y tratar el pedido. La bancada de Juntos, sus dos aliados del bloque “Cambio Federal” –que responde al intendente de San Isidro, Gustavo Posse– y el bloque de Avanza Libertad avisaron que no acompañarán. No obstante, siguen las negociaciones del FdT con los distintos actores de la coalición opositora, que quedó dividida internamente tras la votación a la ley de reelecciones.

«Falta un diputado para el quórum. Hay que ver si la oposición sigue jugando a la escondida, porque no se está emitiendo un dictamen; lo único que estamos haciendo en esta primera etapa es abrir la investigación», dijo a Tiempo la diputada Susana González, vicepresidenta del bloque del FdT y una de las autoras del pedido de juicio político. Y agregó: «Después, si no quieren acompañar el dictamen, están en su derecho, pero negarse a investigar es quedar cómplice de la situación con la prueba que estamos viendo todos los días».

La legisladora sostuvo que “hay esperanza de que el possismo se siente al menos a dar quórum” y disparó contra los diputados radicales que integran Juntos y que se niegan a acompañar, pese a haber sido espiados. “Siempre me pareció que el radicalismo era una fuerza democrática, institucionalista, no como el PRO, que dice serlo y no lo es, pero también imagino que deben tener miedo a los carpetazos”, opinó.

De conseguir el quórum para sesionar, la denuncia avanzaría y entonces se conformaría una comisión de cinco legisladores, un trámite que se aprueba con mayoría simple. Esa comisión tiene seis meses para recolectar pruebas y citar a declarar a funcionarios y, especialmente, a quienes participaron de la reunión en el BAPRO en 2017. En la lista están el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; el exministro de Justicia, Gustavo Ferrari; el senador de Juntos, Juan Pablo Allan, y el intendente de La Plata, Julio Garro, entre otros. Una vez concluido el trabajo, se presenta un informe que debe ser aprobado por los dos tercios para elevar la acusación ante el Senado y pedir la suspensión de Conte Grand. «