Una fiscalía boliviana especializada en la lucha contra la corrupción libró este miércoles una orden de captura contra el ex presidente Evo Morales, a quien pretende tomar declaración informativa bajo la imputación de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo.
Morales recibió la noticia en Argentina, adonde llegó el viernes pasado en condición de asilado e inició los trámites necesarios para conseguir el estatus de refugiado, que todavía se tramitan en la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE), según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior.
«Es injusto e ilegal. No me asusta», dijo Evo Morales en una breve declaración, donde rechazó todos los cargos y acusó al gobierno a cargo de Jeanine Áñez de actuar con los mecanismos típicos de las «dictaduras militares».
A 14 años de nuestra revolución, el «mejor regalo» que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una #Bolivia libre y soberana pic.twitter.com/B6rSHVFeaa
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 18, 2019
A su vez, el canciller argentino, Felipe Solá, aseguró que desde que Evo Morales tiene el status de refugiado, se imposibilita «cualquier posibilidad de extradición». La Guía de la Comisión Nacional para los Refugiados -organismo que depende del Ministerio del Interior y se encarga de estudiar las peticiones- remarcó que entre los derechos de las personas que obtienen esa condición está «no ser devueltos, expulsados o extraditados al país donde su vida, integridad, libertad o seguridad estén en peligro».
Las denuncias contra el ex presidente boliviano fueron presentadas por el gobierno de la autoproclamada presidenta Áñez, que lo acusó ante la fiscalía de La Paz de incitar a la violencia desde México, adonde viajó después de haber sido depuesto en noviembre pasado y antes de encontrar asilo en Argentina.
La parte resolutiva de la orden de la fiscalía fue publicado en Twitter por el ministro del Interior de Bolivia, Arturo Murillo. En esa página no hay ninguna aclaración acerca de la jurisdicción sobre la cual tiene peso la orden de detención ni tampoco se especifica la conveniencia o no de dar inicio a un eventual trámite de extradición del imputado.
Los fiscales también pidieron la detención del líder cocalero Faustino Yucra, involucrado en el mismo proceso iniciado por demanda de las autoridades de facto. La denuncia se basa en la grabación de una supuesta conversación telefónica que Morales mantuvo desde su asilo en México con Yucra.
En esa grabación, la voz que el gobierno de facto atribuye a Morales llama a Yucra a organizar un cerco en torno a distintas ciudades de Bolivia para impedir el ingreso de alimentos, en medio de las violentas protestas que estallaron en el país después de las elecciones del 20 de octubre. Pero la autenticidad de la voz de Evo Morales en el diálogo con Yucra no fue certificada por ninguna fuente independiente.
El Gobierno de Áñez, que se encargó de difundir esta grabación, anticipó que denunciaría a Morales ante los tribunales bolivianos por sedición y terrorismo y ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por delitos de lesa humanidad.
