Con Esteban Bullrich a la cabeza, los senadores oficialistas que rechazaron el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo justificaron su decisión en “defender las dos vidas” y en fortalecer la educación sexual y los programas de procreación responsable del Estado. Sin embargo, el gobierno de su mismo signo político inició desde finales de diciembre de 2015, un vaciamiento de las áreas, tanto en Salud como en Educación, donde Bullrich fue ministro hasta el año pasado.
El caso más notorio es “Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable” del Ministerio de Salud de la Nación. En 2016, apenas repartió el 10% de los preservativos previstos (163 millones) y el 25% de los tratamientos anticonceptivos (entre ellos, DIU e implantes subdérmicos), y en 2017 no superó el 70%, según figura en la Cuenta de Inversión 2016 y en el informe de gestión del jefe de Gabinete a la Cámara de Diputados de este año. Este año, en medio de la discusión parlamentaria por el aborto, el gobierno salió a anunciar en medios afines que “reactivaba” los planes de educación y salud sexual, enmarcado en el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). Así, el programa de Procreación Sexual aumentaba su presupuesto un 67%: de los $245 millones para este año subió a 371 millones. Sin embargo, lo que no se informó nunca es que de ese monto, transcurridos siete meses del año, apenas ejecutó el 12%. Sólo 45 millones.
En el área educativa la situación no es mejor. El Programa Nacional de Salud Sexual Integral (ESI), del Ministerio que hoy conduce Alejandro Finocchiaro, posee este año un presupuesto de $ 21,8 millones. El año pasado fueron 32 millones. Por pedido de la Fundación Huésped, el Ministerio de Educación de la Nación respondió cuántos docentes capacitaron en el tema: mientras en 2015 habían sido 55 mil, y en 2014, 28 mil, llegado Cambiemos al poder las cifras bajaron ostensiblemente. En 2016 apenas capacitaron a 200 maestros, y 1050 el año pasado. Según una encuesta encarada por la Fundación, el 57% de los docentes entrevistados dijo que obtuvo información por sus propios medios.
A pesar de que la ley 26.150 establece el dictado de la educación sexual integral en todos los establecimientos educativos, tanto privados como públicos, laicos y confesionales, en la práctica la norma no se cumple. En el norte predomina la presión del sector eclesiástico. En Salta llegó a judicializarse, y a pesar de la exigencia de la Justicia el gobierno provincial sigue incumpliendo la obligatoriedad de la enseñanza. «El grave problema que tenemos en el país es que la educación sexual está en distintas currículas, pero no como una materia específica. Yo estoy a favor de que pongamos la materia ‘Educación Sexual Integral’, porque puede pasar que una maestra ponga más énfasis en un tema que en otro, por eso es necesario que exista como materia específica, y ahí se acaba el debate», aseguró tiempo atrás el gobernador Juan Manuel Urtubey.
Cuyo es otra zona de carencias en la materia. En Mendoza, el gobierno sostiene que recién este año el ESI se implementa en todos los niveles. En Neuquén, Antonia Chandía y Mirta Garraza, del equipo de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación provincial, precisaron a medios locales que el 89% de los establecimientos de la provincia cuenta con materiales y capacitación, “pero hasta hoy lo que surge es que los chicos no tienen educación sexual. A partir de eso, investigamos la razón por la que no se aplica”, explicó Chandía, y agregó: “Hicimos un dispositivo para que escriban en un papel por qué no se animaban a trabajar el tema. Y ahí aparece que situaciones como abuso sexual durante la infancia, diversidad sexual y violencia durante el noviazgo son las principales causas de estos temores. Además, se debe sumar el rechazo por parte de las familias para trabajar estas cuestiones”.
La falta de aplicación de la ley no sucede sólo en el llamado “interior” del país. De acuerdo a una encuesta privada de la consultora D’ Alessio IROL, dada a conocer en marzo de este año, entre 350 padres de alumnos de Ciudad y Gran Buenos Aires, sólo dos de cada diez chicos reciben enseñanza de educación sexual en sus escuelas.
