A los senadores de Juntos por el Cambio no les hizo mella las críticas que de Patricia Bullrich (titular del PRO) había hecho a la ley que prórroga el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, que suspende los desalojos en los barrios populares hasta el 2027.Y este jueves -tal como lo hizo en Diputados-la mayoría del principal bloque opositor acompañó al oficialismo en la sanción
De hecho, la iniciativa que se comunicará al Poder Ejecutivo salió casi por unanimidad. Obtuvo 64 votos positivos y uno sólo negativo de la senadora del PRO por la provincia de Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, cercana a Luis Juez. Lo cierto es que no se ven “bullrichistas” en el Senado. Los más cercanos son macristas. Entre los ausentes estuvieron el representante del Pro de Chubut Ignacio Torres, los radicales Giacoppo Silvia y Julio Matinez. También la tucumana Beatriz Avila, la neuquina Lucila Crexell y el salteño Juan Carlos Romero.
Por cuestiones de salud no estuvo presente el titular del bloque oficialista José Mayans, que lleva varios días internado en una clínica de la Capital Federal.
Tras la votación de la iniciativa en Diputados, Bullrich había salido a cuestionar a los propios en su cuenta de Twitter: “Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo”.
En la Cámara Baja, los legisladoras macristas como Victoria Morales Gorleri, Laura Rodríguez Machado y Silvia Lospennato, defendieron la continuidad de la iniciativa que fue sancionada en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. Había sido impulsada por legisladores de Cambiemos como Elisa Carrió, Mario Negri y Nicolás Massot.
En este caso, en el Senado, el presidente del bloque PRO, Humberto Schiavoni, expresó en el recinto: “Se trata de dotar a los asentamientos de algo que individualmente el habitante no puede lograr: construir cloacas, una red eléctrica o de agua, si es factible que pueda autoconstruir su vivienda, prioritariamente hay que ocuparse de la infraestructura”.
La porteña Guadalupe Tagliaferri, de la misma fuerza, indicó: «Es importante destacar que esta ley garantiza la articulación federal entre el Gobierno, las provincias y los municipios. Además vino a dar respuestas también a aquellas personas que durante décadas han tenido sus terrenos tomados».
Desde el oficialismo, Anabel Fernández Sagasti señaló que “esta ley surgió de las organizaciones en los barrios de cada una de nuestras provincias, fue muy luchada en las calles y la política ha escuchado ese reclamo. Estamos generando certezas e inyectando sueños a más de 5 millones de personas».
Por otro lado, desde la oposición Alberto Weretilneck desde su monobloque Juntos Somos Río Negro señaló que “esta ley intenta resolver fallas del Estado, ya sea provincial o municipal, que por distintos motivos no se resolvieron antes. Pensar una ciudad desde lo humano evita muchos de estos inconvenientes que significan mucha injusticia y dolor».
Asimismo, la schiarettista Alejandra Vigo sostuvo: “Me parece muy importante que este proyecto hoy pueda transformarse en ley porque significa la posibilidad de que todos esos grandes aglomerados tengan la chance de ser urbanizados y poder tener más y mejores servicios”.
El proyecto amplía el alcance de la Ley 27.453 de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Además, la norma apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos, mejoras en el acceso a los servicios públicos.
Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el ReNaBaP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.
Se incorpora a la ley el artículo 18 bis, que indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.
