La historia tiene ribetes insólitos, por lo que conviene aclarar antes de empezar a contarla que Victoria Vanucci es oriunda del partido de Ituzaingó. A partir de ese dato, puede entenderse por qué el Concejo Deliberante de ese distrito aprobó un expediente donde se la declaraba, tanto a ella como a su marido, Matías Garfunkel, como personas no gratas.
A las pocas semanas del expediente tratado por los ediles, Vanucci demostró su indignación iniciando distintas acciones legales, entre ellas una presentación en el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI), que finalmente tuvo dictamen favorable.
Así, más rápidos que furiosos, los concejales dieron marcha atrás y llamaron a una sesión extraordinaria para retirar el expediente que declaraba personas no gratas a Vanucci-Garfunkel. Lo hicieron por unanimidad y sin debate. La explicación para tanto apuro tiene también su explicación: la abogada Ana Rosenfeld, defensora de la señora de uno de los empresarios vaciadores del ex Grupo 23, amenazó con iniciarle un juicio millonario a la Municipalidad. Y, se sabe, las arcas comunales en el conurbano no están en condiciones de arriesgar gastos así porque sí.