Las sesiones virtuales de las comisiones del Congreso registraron este martes su primer portazo on line, cuando los representantes de Juntos por el Cambio dentro de la bicameral de Trámite Legislativo se retiraron del encuentro para repudiar la decisión del Frente de Todos de tratar dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que había firmado el entonces presidente Mauricio Macri.
Los cruces se dispararon en torno a los DNU 256/2015 y 102/2017. El primero había ordenado la transferencia de la dirección de escuchas telefónicas de la Agencia Federal de Inteligencia a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Ese organismo comenzó a llamarse Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCo) y desde 2017 quedó bajo el control de jueces penales con rango de camaristas.
La intención del oficialismo era firmar un dictamen contra ambas decisiones ejecutivas, pero el diputado macrista Pablo Tonelli aseguró que ambos ya habían sido tratados con anterioridad. La encargada de plantear la posición del oficialismo corrió por cuenta de la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti.
«El fondo de la cuestión es volver a la normalidad de nuestras instituciones y que sean las encargadas de cuidar a los ciudadanos y no que se filtren los teléfonos, los mails y conversaciones personales con el único fin de extorsionar», disparó la senadora en el mismo día que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, radicó una denuncia ante la Justicia por presunto espionaje ilegal a 82 dirigentes, entre los que figuran diputados de Cambiemos y periodistas.
Sagasti dijo que comprendía que para Juntos por el Cambio pueda ser «una cuestión muy delicada» e «incómoda» para debatir, pero aseguró que el debate «va más allá de los partidario». Los representantes de JxC buscaron frenar el nuevo dictamen contra ambos DNU y evitar que ese ámbito del Congreso desautorizada dos decisiones ejecutivas que le permitieron al entonces titular de la AFI, Gustavo Arribas, implementar dos cambios clave en el manejo de las escuchas telefónicas que estuvieron en manos de la Procuración General de la Nación durante el último tramo del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
La tensión fue creciendo en la medida que avanzó la sesión virtual de la bicameral. En medio de los gritos y chicanas, el titular de la comisión, el kirchnerista Marcos Cleri, buscó mantener el orden del encuentro virtual, pero los representantes de la oposición decidieron desconectarse de la plataforma virtual. Desde entonces quedaron los miembros del oficialismo y la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá.
La dirigente del gremio docente reclamó la disolución de los organismos de inteligencia del Estado, porque «no distinguen el signo político» y»es la única forma de terminar con los carpetazos». Igualmente trataron el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández, que establece la prórroga por 60 días de la prohibición de despidos sin causa y de las suspensiones en el marco de la emergencia por coronavirus.
También trataron la decisión ejecutiva que fijó el precio del barril criollo de petróleo en 45 dólares y el que autorizó al Ejecutivo a iniciar la renegociación de la deuda externa.
Los cruces se dispararon en torno a los DNU 256/2015 y 102/2017. El primero había ordenado la transferencia de la dirección de escuchas telefónicas de la Agencia Federal de Inteligencia a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Ese organismo comenzó a llamarse Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCo) y desde 2017 quedó bajo el control de jueces penales con rango de camaristas.
La intención del oficialismo era firmar un dictamen contra ambas decisiones ejecutivas, pero el diputado macrista Pablo Tonelli aseguró que ambos ya habían sido tratados con anterioridad. La encargada de plantear la posición del oficialismo corrió por cuenta de la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti.
«El fondo de la cuestión es volver a la normalidad de nuestras instituciones y que sean las encargadas de cuidar a los ciudadanos y no que se filtren los teléfonos, los mails y conversaciones personales con el único fin de extorsionar», disparó la senadora en el mismo día que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, radicó una denuncia ante la Justicia por presunto espionaje ilegal a 82 dirigentes, entre los que figuran diputados de Cambiemos y periodistas.
Sagasti dijo que comprendía que para Juntos por el Cambio pueda ser «una cuestión muy delicada» e «incómoda» para debatir, pero aseguró que el debate «va más allá de los partidario». Los representantes de JxC buscaron frenar el nuevo dictamen contra ambos DNU y evitar que ese ámbito del Congreso desautorizada dos decisiones ejecutivas que le permitieron al entonces titular de la AFI, Gustavo Arribas, implementar dos cambios clave en el manejo de las escuchas telefónicas que estuvieron en manos de la Procuración General de la Nación durante el último tramo del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
La tensión fue creciendo en la medida que avanzó la sesión virtual de la bicameral. En medio de los gritos y chicanas, el titular de la comisión, el kirchnerista Marcos Cleri, buscó mantener el orden del encuentro virtual, pero los representantes de la oposición decidieron desconectarse de la plataforma virtual. Desde entonces quedaron los miembros del oficialismo y la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá.
La dirigente del gremio docente reclamó la disolución de los organismos de inteligencia del Estado, porque «no distinguen el signo político» y»es la única forma de terminar con los carpetazos». Igualmente trataron el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández, que establece la prórroga por 60 días de la prohibición de despidos sin causa y de las suspensiones en el marco de la emergencia por coronavirus.
También trataron la decisión ejecutiva que fijó el precio del barril criollo de petróleo en 45 dólares y el que autorizó al Ejecutivo a iniciar la renegociación de la deuda externa.
