Los datos de pobreza e indigencia dados a conocer esta semana por el Indec representan una realidad que es más que un «indicador que duele», como dijo el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Detrás del indicador hay más de 18 millones de personas con una vida plena de precariedad y escasez.

Manzur también dijo que hay que crear «trabajo genuino» para superar esta situación. Pero los números indican que casi un tercio de los asalariados registrados, es decir, aquellos que tienen trabajo genuino, es pobre.

Por la forma cómo el Indec mide la pobreza y la indigencia en la Argentina, en base a valores en pesos de canastas que generan umbrales, la carrera entre ingresos y precios es esencial. Entonces, el dato que se conoció esta semana, de que el 40,6% de la población es pobre, y dentro de ese grupo, el 10,7% es indigente, no debería sorprender. Desde hace cuatro años que los ingresos suben menos que los precios.

El gobierno nacional arrancó en diciembre de 2019 anunciando que quería una recuperación del poder adquisitivo del salario y las jubilaciones. Esa frase arrojaba dos compromisos: de un lado, recuperar los 15 puntos porcentuales que en promedio perdieron los ingresos durante la administración de Mauricio Macri; del otro, y hacia adelante, que no volverían a caer frente a la marcha de la inflación.

Esos objetivos no se cumplieron. No hubo recuperación de lo perdido y el salario sigue creciendo por debajo de la inflación. Casi en simultáneo con los datos de pobreza, el Indec informó esta semana que los salarios privados registrados crecieron un 49,2% en el año versus una inflación del 51,8%. La diferencia se mantiene constante. En el caso de los salarios de los no registrados, el crecimiento anual fue de apenas el 37,4 por ciento.

Para aquellos que argumentan que el gobierno del Frente de Todos tiene límites para obligar a las empresas y sindicatos a negociar incrementos en las paritarias por encima de la inflación, existe siempre la posibilidad de observar qué sucede en el sector público, donde el Estado –nacional, provincial o municipal– es el empleador. En el último año, el salario promedio del trabajador estatal creció un 46,1%. Y en el caso de los trabajadores públicos cuyo salario depende del gobierno nacional, el incremento del último año no supera el 40%. Las firmes alocuciones de los funcionarios en favor de la recuperación del salario bien podrían convertirse en realidad allí donde ellos tienen la responsabilidad de pagarlos.

Los niveles de pobreza y de indigencia le dan carnadura al debate dentro del gobierno sobre si hubo un ajuste en el gasto público. Lo hubo y el crecimiento de la indigencia lo demuestra, porque la salida de esa situación depende más de la ayuda estatal que de la generación de ingresos vía el empleo en cualquiera de sus variantes.

Lo mismo puede decirse de los efectos de la pandemia: al eliminar el gasto Covid del Presupuesto de este año, el gobierno lo transformó en una variable de ajuste y no apuntó a recuperar lo mucho del ingreso perdido en 2020.

La retirada estatal también está en la lucha contra la inflación. Es multicausal, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, y entre esos orígenes están tanto la suba de los precios internacionales como la decisión de los oligopolios locales de expoliar los bolsillos de la población. La barrera contra esas tendencias es una fina línea de palabras sin efectos concretos.