La dictadura cívico-militar restringió y derogó gran parte de los derechos laborales garantizados en aquella ley, derechos que la democracia argentina aún le adeuda a la clase trabajadora. Además, tuvo un objetivo muy claro: instaurar un programa económico a favor del capital financiero y al servicio de los grandes grupos económicos. Para eso debía destruir al movimiento obrero: se calcula que más del 70% de los detenidos desaparecidos eran delegados, dirigentes o activistas sindicales.
Los abogados y abogadas laboralistas de entonces jugaron un destacado papel. Asesoraron a organizaciones sindicales y agrupaciones, apoyaron conflictos, participaron de huelgas y asambleas. Por eso fueron objeto de ensañadas persecuciones. Los militares al servicio del capital vengaron cada punto de rentabilidad que se transformó en salario.
Desde su asunción, el gobierno de Macri dedicó gran parte de sus discursos a atacar a los abogados laboralistas. La receta es la misma: consiste en eliminar –esta vez no físicamente- todo vestigio de representación de los trabajadores y trabajadoras. Respaldados en un gobierno evidentemente empresarial, el poder económico exigió una reforma laboral que asegure un aumento de sus ganancias por la única vía que conocen: la reducción del salario real y la eliminación de los derechos laborales.
La mayor añoranza de este empresariado es volver a un mundo donde puedan relacionarse directamente con sus empleados, sin intermediaciones. Esa es la raíz del ensañamiento con la abogacía laboralista, con las organizaciones sindicales y con la Justicia del Trabajo. Por supuesto, son los trabajadores los verdaderos destinatarios de las agresiones y el movimiento obrero el principal rival de esas políticas.
Por eso, 41 años después de la Noche de las Corbatas, los abogados y abogadas laboralistas seguimos comprometidos con la defensa de los derechos sociales. «
