A 26 años de la Masacre de Wilde el defensor de los imputados, Roberto Fernández, solicitó al Tribunal Oral Criminal (TOC) N°3 de Lomas de Zamora la suspensión del juicio que tiene fecha para el próximo 30 de marzo. Lo hizo bajo el argumento de que uno de sus pupilos procesales “no se encuentra en condiciones de enfrentar el debate oral y público”. Por ello, familiares de las víctimas se reunieron este jueves con referentes de Derechos Humanos y del Programa contra la Violencia Institucional para pedirles ayuda.
“Acompaño el pedido de justicia de Raquel Gazzanego y Patricia De Angelis, viudas de Edgardo Cicutín y Norberto Corbo. Ambos asesinados por la Policía Bonaerense hace 26 años en la Masacre de Wilde. Es necesario que los juicios no se dilaten en el tiempo para poder juzgar a los responsables y evitar que gane la impunidad”, expresó en sus redes sociales Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Fernández es el defensor oficial de los imputados Osvaldo Américo Lorenzo, Eduardo Ismael Gómez y Marciano González. En su escrito explica al Tribunal, que el 21 de julio de 2019 presentó pedidos ante distintos juzgados haciendo saber que a partir del 18 de febrero de este año comienza un juicio por el femicidio de Anahí Benítez, la adolescente (16 años) que fue violada, asesinada y posteriormente en terrada desnuda en la reserva Santa Catalina de la localidad de Llavallol, en 2017. En esta causa Fernández defiende al presunto asesino Marcel Sergio Villalba de (42).
Resulta ser que el defensor de Villalba, expuso ante el Tribunal 7 de Lomas de Zamora en la primera audiencia por el femicidio que “las pericias psicológicas practicadas a su defendido procesal develaron que no se encuentra apto para enfrentar el juicio y que debería ser juzgado más adelante en un futuro debate”. En el pedido de suspensión del plenario por la Masacre de Wilde expuso al Tribunal 3 del mismo departamento judicial, que su defendido Marciano “posee una incapacidad manifiesta de sobrevivencia”. También hizo alusión a los “problemas de salud que impiden enfrentar el juicio” a su otro asistido, González.
“Este jueves nos reunimos con la gente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con los miembros del Programa contra la Violencia Institucional. Estimo que el conclave resultó positivo porque desde ambos organismos se comprometieron a brindarnos acompañamiento. Como así también a pedirle al Tribunal 3 que no haga lugar al pedido del defensor Fernández”, contó a Tiempo Argentino, Raquel Gazzanego, viuda de Cicutín. Y agregó enfatizando: “Nos dijeron que se presentaran como veedores de en la causa. Que se ponen a nuestra disposición para lo que necesitemos, porque les resulta vergonzoso que una causa de estas características lleve 26 años de impunidad”.
“No puedo creer que después de tantos años seguimos pidiendo justicia por tan aberrante hecho. Horacio Prietragalla y su equipo nos convocaron a una reunión para darnos una mano. Nos encontramos con un grupo de personas hermosas que en algún momento de sus vidas también padecieron la violencia de las instituciones. La verdad es que me sentí muy escuchada, contenida y confío plenamente en ellos”, finalizó Patricia De Angelis, viuda de Corbo.
El caso
El hecho de gatillo facial ocurrió el 10 de enero de 1994: cuatro inocentes asesinados a balazos por once oficiales de la ex Brigada de Investigaciones Lanús de la Policía Bonaerense. Aún no hubo condena para los acusados, un grupo de uniformados que perseguía a supuestos delincuentes que iban en dos autos, huyendo de un presunto robo a una sucursal del Banco Galicia. Luego dijeron que los sospechosos transportaban cinco kilos de cocaína. Los uniformados dispararon 270 balas.
Edgardo Cicutín, entonces de 33 años, padre Natalia que tenía 8 años y de Gonzalo de apenas 8 meses, vendía libros para la editorial Cisplatina. Se movía en un Dodge 1500 que era conducido por Claudio Díaz, quien sobrevivió a la balacera policial. Las otras víctimas fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Héctor Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505.
Los once policías prestaban servicio en la Brigada de Lanús, cuyo subjefe era el comisario Juan José “El Lobo” Ribelli, detenido, procesado y luego absuelto por el atentado a la mutual judía AMIA. En un momento hubo una elevación a juicio oral para ocho policías, acusados de ser los autores materiales de los cuatro homicidios: Roberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marcelo Valenga, Marciano González, Julio Gatto y Hugo Reyes. Sin embargo, todos fueron absueltos. Otros dos, César Córdoba y Carlos Saladino, fallecieron en los últimos años. Marcos Ariel Rodríguez, que estaba prófugo, fue capturado en noviembre de 2014 en la ciudad cordobesa de La Falda, detenido por rebeldía a la autoridad y no por los crímenes perpetrados en 1994.
Luego de tantos años de impunidad, familiares y allegados exigen justicia. Explican que después da tanto tiempo los testigos van muriendo de viejos. Pero lo que está claro es que los policías violaron todos los límites impuestos por la Ley y su propio protocolo de procedimiento: se movilizaban en autos particulares y con ropa de civil. El cabo Rodríguez, en tanto, no debió haber formado parte del operativo porque en ese momento se encontraba apartado de la fuerza por un incidente ocurrido en 1993.
