La marcha del 1F a la Corte Suprema se anticipa masiva y numerosas organizaciones sociales, gremiales y de Derechos Humanos confirmaron su participación. También lo hicieron integrantes del Poder Judicial que, desde el interior del sistema, piden terminar con el lawfare y los privilegios.

La jueza federal de San Martín e integrante de Justicia Legítima, Martina Forns, afirmó que la movilización “está lejos de ser un escrache o un golpe de Estado” contra el máximo tribunal. “Existen numerosas deficiencias: no tiene perspectiva de género, existe el lawfare. Los jueces han sido parte de esta manipulación que se da entre los medios y la política. Han sido un instrumento sin los cuales no hubiera sido posible esta manipulación que ha llevado a apresar injustamente personas con fines políticos o que no estaba demostrada su culpabilidad. Son prácticas judiciales muy viciadas que llevan a un hartazgo de la sociedad y esto se da en la más alta instancia del Poder Judicial”, le dijo la magistrada a Tiempo Argentino.

Desde el SITRAJU República Argentina reclaman por una Corte al servicio del pueblo que cumple las leyes hacia adentro. “Lo principal es que se modifique, que condene el lawfare. Muchas veces se presenta con una posición de silencio cómplice con la persecución a los dirigentes sindicales. Lo que se dice reforma feminista es conseguir un Poder Judicial democrático, de verdad, con participación, con voces. La Ley de ingreso democrático aprobada en 2013 no se aplica, tampoco el Cupo laboral trans. Es un poder que está por fuera de la ley”, afirmó la secretaria general Marieta Urueña Russo.

En ese sentido también se expresaron desde el colectivo Ni Una Menos. “Es pensar que como feministas podemos no solamente señalar el carácter patriarcal de la Justicia sino también su complicidad con el accionar de las corporaciones y con los ciclos de endeudamiento”, explicó Luci Cavallero, integrante del espacio que junto con la Coordinadora de Abogadxs de Interés público denunciaron el freno de las causas vinculadas al préstamo con el FMI. “Estamos reclamando la renuncia también por la complicidad del Poder Judicial en todos los ciclos de endeudamiento y en asegurar la impunidad. Pedimos que se expida en un expediente en el que se indica que se haga público el acuerdo que firmó el gobierno de Mauricio Macri. Hay una causa en la Corte que está parada hace 27 meses”, agregó.

El reclamo también engloba a funcionarios judiciales que fueron expulsados de sus cargos durante el macrismo y denunciaron persecución política y judicial. El exdefensor General de la provincia de Santa Fe Gabriel Ganon dijo que “el poder judicial es monárquico y sus miembros se sienten más allá de la ley, la Constitución y de rendir cuentas al pueblo que con sus impuestos les paga el salario”. “El macrismo, el radicalismo y el socialismo terminaron con mi destitución en 2016 por haber intentado revelarme ante este poder monárquico judicial. Esta marcha es esencial para la estabilidad democrática. Los jueces de la Corte tienen que ceder sus asientos, Argentina se merece tener otra administración de justicia, más comprometida con el pueblo y sobre todo integrantes que paguen Impuesto a las Ganancias y que rindan cuentas a la ciudadanía de sus actos como corresponde y como lo hacen los restantes poderes del Estado”, detalló el abogado.

Por su parte, desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos, una de las organizaciones convocantes, consideran que la Corte es parte de un proyecto de dominación colonial. El presidente de la APDH, José Schulman, indicó: “A diferencia de los años 70, se trata de grupos de tareas judiciales que articulan con espías, políticos, empresarios y comunicadores. Fue la que legitimó ese proceso de persecución, desprendió a la Argentina de la superestructura de Derechos Humanos internacional. En noviembre del 2016 sacó una acordada en la que dejaba de lado la reforma de 1994 y a partir de ahí, Argentina no respeta los convenios internacionales”.

Alternativas

Frente a esta situación, los adherentes plantean respuestas diversas para mejorar la Justicia argentina. Forns considera que es necesario “tener un Poder Judicial transparente en sus gastos. No hay, como en todo organismo público, la obligación de rendir cuentas. Hay mucho oscurantismo: no se sabe lo que recauda y en qué se gasta”.

Urueña Russo sostiene que el máximo tribunal debe ser federal. “La composición también debe cambiar. En los 20 años que trabajo en Tucumán, siempre ha venido un solo integrante y de visita oficial, una vez cada dos años. No hay un federalismo en serio, una situación que te permita decir que esa cabeza está fijándose en lo que necesita cada provincia y quienes integran el poder federal”, explicó.

Ganon propone evaluaciones periódicas: “En Estados Unidos, fiscales y jueces rinden cuentas en forma periódica y constante ante la sociedad porque tienen que someterse a elecciones, acá eso no ocurre”.  Por su parte, Schulman sostiene que es necesario incluir a los pueblos originarios, a las mujeres y representantes de distintos sectores. “Deberíamos tener una Corte amplia, diversa en términos ideológicos. No nos oponemos a que haya dinosaurios como Rosenkratz porque representan a una parte de Argentina, a los poderosos”, indicó. «