Ciudad de México

El lapso de unas pocas horas bastó para que otros dos periodistas fueran asesinados a tiros en México. Uno, reconocido y galardonado experto en crimen organizado; el otro, un joven reportero que trabajaba en un semanario local; ambas muertes agravan una tremenda problemática que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no ha sabido enfrentar y mucho menos solucionar.

La sangrienta jornada del lunes empezó al mediodía, cuando Javier Valdez, corresponsal del diario La Jornada y fundador del semanario Riodoce, fue atacado por desconocidos que le dispararon cuando transitaba por una calle de su ciudad natal, Culiacán, capital del estado de Sinaloa, cuna del cartel que lleva el mismo nombre y del extraditado capo Joaquín El Chapo Guzmán.

Tiroteado a plena luz del día, Valdez, de 50 años, se dirigía a las oficinas de Riodoce, cofundado por él en 2003. Las autoridades estatales dicen no saber si su asesinato tuvo que ver con su profesión pero, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), semanas atrás expresó estar preocupado por su seguridad.

«Su pérdida es un duro golpe para el periodismo y la sociedad mexicanos, quienes ven cómo la sombra del silencio se extiende por todo el país», señaló la organización, que exigió a las autoridades investigar de forma exhaustiva el caso.

Valdez se convirtió en el quinto periodista en ser asesinado en México en lo que va de 2017. Horas más tarde la cifra aumentó con la muerte de Jonathan Rodríguez Córdova, un reportero de 26 años que fue ultimado a balazos en compañía de su madre en el estado de Jalisco, en el oeste del país.

Rodríguez iba en un automóvil junto a su madre, Sonia Córdova, subdirectora comercial del semanario El Costeño de Autlán, donde también trabajaba su hijo.

Ambos fueron atacados en la noche del lunes por desconocidos armados.

«El agredido, Jonathan Rodríguez Córdova, se reporta fallecido. La señora Sonia Córdova es trasladada a ZMG (un hospital) para recibir atención médica», informó en su cuenta de Twitter la fiscalía de Jalisco, informó la prensa mexicana y la agencia de noticias DPA.

Según los medios locales, Córdova, de 48 años, resultó gravemente herida y fue internada en un hospital de Guadalajara, aunque el ataque iba dirigido a su hijo, quien con anterioridad había sido secuestrado en dos ocasiones.

Las autoridadestampoco sabían cuál fue el motivo del asesinato del joven reportero, aunque sobre el veterano periodista hay sospechas de que su labor en investigaciones sobre el narcotráfico podrían haber sido la causa de su asesinato.

Sus crónicas y reportajes sobre los cárteles en Sinaloa fueron publicados en diversos medios y le sirvieron para escribir varios libros, como «Huérfanos del narco» y «Narcoperiodismo, la prensa en medio del crimen y la denuncia», su más reciente publicación.

En este libro narra el drama de los periodistas que no se callan ante el narco y de cómo éste había infiltrado en los medios. Si Valdez estaba preocupado por su seguridad, como dice el CPJ, podría deberse a la violencia que se disparó en los últimos meses en Sinaloa, donde carteles antagónicos se disputan el control del territorio, especialmente tras la extradición de El Chapo a Estados Unidos, en enero último.

Tanto la fiscalía general como las procuradurías estatales han iniciado investigaciones para dar con los responsables en ambos casos. El crimen de Valdez, además, fue condenado por Peña Nieto, que, a pesar de la inmanejable situación, aseguró que su gobierno busca proteger a los periodistas.

«Reitero nuestro compromiso con la libertad de expresión y prensa, fundamentales para nuestra democracia», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. También organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el máximo órgano regulador en la materia en México, lamentaron los asesinatos de Valdez y Rodríguez.

La CNDH pidió a las autoridades «una inmediata investigación profesional y efectiva» de ambos crímenes y consideró que el incremento de las agresiones y ataques directos a la prensa «afectan el ejercicio pleno de la libertad de expresión y la consolidación democrática de México».

Asimismo, señaló que en el 90 por ciento de los casos registrados de agresiones a periodistas existe impunidad, e indicó que mientras estos homicidios existan, «México no podrá transitar y consolidarse como democracia robusta».

Con los dos asesinatos de ayer, suman seis los periodistas asesinados en México en lo que va del año. Los casos anteriores son los de Cecilio Pineda Birto, periodista independiente, en el estado de Guerrero; Ricardo Monlui, director editorial de El Político, en Veracruz; Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada, en Chihuahua y Maximino Rodríguez, que trabajaba para Colectivo Pericú, en Baja California.

A esto se le agrega lo que ocurrió el fin de semana último, cuando siete periodistas, entre ellos dos extranjeros, fueron retenidos, agredidos, amenazados y asaltados por un centenar de pistoleros en el estado sureño de Guerrero, donde les quitaron sus equipos de trabajo con los que habían ido a cubrir la información sobre los brotes de violencia en esa zona.

De acuerdo con «Artículo 19», otra organización de defensa de los periodistas que alude en su denominación al texto a uno de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, casi la totalidad de los ataques a reporteros en México han quedado impunes, y el 53 % fueron presuntamente cometidos por funcionarios públicos. Aunque Peña Nieto y las autoridades reiteran su compromiso con la protección de la prensa, lo cierto es que las amenazas y los niveles de impunidad en México son altamente preocupantes.

El CPJ presentó un informe a inicios de este mes, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en la que señalaba a la impunidad como uno de los mayores flagelos en México frente a las agresiones. De los más de 50 casos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación asesinados o desaparecidos en México desde 2010, la organización indica que la fiscalía especializada en la materia, creada en 2006, sólo ha conseguido tres condenas, lo que posiciona al país como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo.