Lo intempestivo, abrupto y sorpresivo del estallido social complejiza cualquier explicación que se quiera dar. Algunos, como Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, recurren a Max Weber, con la pérdida del estado como legítimo detentador del uso de la fuerza. O Maquiavelo, recomendando al Príncipe escuchar al pueblo. Pero también al pueblo, obligar al Príncipe a escucharlo. O tambiénLoicWacquant, con quién comprendemos las razones de fondo de la marginación de clase, que genera tormento entre los “condenados de la ciudad”.

Pero también, ¿Qué datos utilizar para para argumentar acerca de la excesiva desigualdad? Según datos de la CEPAL, el 1% de los chilenos más privilegiados absorbió el 26,5% de la riqueza producida durante todo el 2017, mientras que el 10% concentró dos terceras partes, alcanzando un 66,5%. En el extremo contrario, el 50% de los chilenos más vulnerables tuvo acceso al 2,1% de la riqueza total del país. Asimismo, diversos estudios de Fundación Sol han demostrado las brechas de los sueldos, encontrándose la mitad de los trabajadores del país ganando menos de $500 mil pesos, lo que es claramente insuficiente para un país cuyo coste de la vida se asemeja en muchos aspectos al de Londres u otras capitales del “primer mundo”.

Pero la reflexión no se debe solamente al argumento de autoridad o a las cifras estadísticas. La palabra “abuso” se repite, se transmite y se re-transmite. Conecta e indigna. Rememora los casos de corrupción empresarial, política y estatal. Recuerda la muerte de 80 reos en la cárcel de San Miguel, quemados en un incendio y encerrados en una celda. Uno de ellos estaba ahí por vender CD´s piratas. Y permite comparar con los dictámenes que la (in)Justicia determinó por gravísimos casos de corrupción para los controladores del Grupo Penta, parte de la “elite” multimillonaria del país, “condenados” a clases de “ética”.

Asimismo, es imposible no revivir la injusticia territorial existente. En la ciudad de Santiago, hasta el hartazgo se ha discutido que comunas como Las Condes poseen un PBI per cápita de $1.250.000 pesos, lo que le permite a dicha Municipalidad entregar servicios al nivel de calidad de una ciudad europea. Lo que se traduce en calles limpias, parques regados, árboles frondosos, brigadas de seguridad ciudadana excesiva, iluminación LED en cada avenida, calle y pasaje. Servicio de recolección de basura perfecta, reciclaje, bicicletas y monopatines para vecinos, inversión privada, entre otros privilegios que sería largo enumerar. En cambio, comunas como La Pintana o La Cisterna, poseen apenas un 10% del PBI per cápita de las comunas de estratos altos. Y a pesar de aquello, existen proyectos políticos municipales en estas comunas que buscan aumentar la equidad territorial.

Ciertamente la estrategia del gobierno se puede reducir a la famosísima formula del “garrote y la zanahoria”. El Presidente Piñera, quién siempre ha buscado estampar su nombre en la historia (no bastándole formar parte de los mil-millonarios de FORBES), aprovecha el estallido social para aprobar su programa de gobierno. El viernes en la noche asistimos al incendio de varios edificios en el centro de Santiago, ocupando las pantallas de televisión la quema del edificio de ENEL, la empresa española que lucra con la energía eléctrica de la ciudad. El sábado en la noche, se vieron las primeras imágenes de saqueos a supermercados, comenzando el recuerdo de la escasez de productos básicos. Y ya el domingo los saqueos y posteriores incendios de supermercados se viralizaron por redes sociales, intentando también de saquear las ferias libres del país, donde se defendieron estoicamente de los desconocidos y organizados saqueadores.

En ese momento se sintió el terror. Desabastecimiento de productos básicos, falta de combustible, amenazas a saqueos a las casas de vecinos. Pero también hacían ingreso los militares a las calles, rememorando situaciones de la Dictadura cívico militar dirigida por Pinochet. El movimiento de pinzas estaba en ejecución: medios de comunicación agudizando el miedo entre la población civil, narco-delincuentes saqueando y amenazando a vecinos y militares reprimiendo, en conjunto con Carabineros de civil (supuestamente) participando de actos vandálicos.

El objetivo estaba claro: que la población pidiera mano dura, mientras el Presidente hacia ingreso con su “Nueva Agenda Social”, anuncio que no avanzaba más que su programa de gobierno, el gobierno dirigido por empresarios.

Sin embargo, el pueblo organizado no cayó en la trampa. Supo distinguir a los “grupos organizados”  de saqueadores y aislarlos de los vecinos que han participado de saqueos bajo diversos argumentos. También, utilizando la defensa civil para resguardarse autónomamente como comunidad, frente a los atropellos del poder, provenga del narco o del Estado. Y aún más fundamental se ha reunido, reflexionado, cuestionado, encontrado y comenzado a darse cuenta que la normalidad que había normalizado bajo el neoliberalismo no es más que un espejismo.

Se repite la frase de “nuevo pacto social”, por lo que habrá que evaluar si este nuevo pacto lo elabora la elite empresarial o el pueblo (des)organizado. Quien elabore dicho pacto, ganará el nuevo Chile que el estallido social ha instalado.