Aunque las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suspendían las funciones de la Asamblea Nacional fueron retrotraídas, la oposición en Venezuela sigue denunciando un «autogolpe» del gobierno de Nicolás Maduro y volvió a organizar marchas de protesta para reclamar elecciones anticipadas y remoción de funcionarios. Tanto ayer como en la última manifestación del jueves, se registraron incidentes y una dura represión policial cuando los efectivos impidieron a opositores dirigirse hacia sectores no programados en las marchas. En el caso del jueves, donde se concentraban los partidarios del gobierno. Esa jornada tumultuosa terminó con la muerte de un joven, que la oposición adjudica al oficialismo, pero el gobierno lo considera parte de los esquemas de violencia generados por los sectores antigobierno y ordenó una investigación. Ayer se denunció el incendio de locales partidarios.
Sin embargo, pese a lo que se ve como una crisis interna en permanente escalada, el gobierno de Maduro y el núcleo duro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) están más preocupados en el frente exterior que en lo que pueda ocurrir fronteras adentro.
Frente a la imposibilidad propia de de derrotar al chavismo en instancias electorales, primero; en no haber podido activar el referéndum revocatorio y finalmente intentar una hasta ahora frustrada salida parlamentaria al estilo Michel Temer, en Brasil, la oposición vuelve a recurrir a los organismos internacionales poco amigos de la Venezuela bolivariana, como la Organización de Estados Americanos (OEA). El chavismo considera incluso la mano intervencionista del Estados Unidos de Donald Trump, que ya demostró su vocación guerrerista cuando del control de recursos se trata, con su acción en Siria.
«La gravedad no está en que la oposición esté en condiciones de derrotar al gobierno por el hecho de que millones de personas se lancen a la calle. El peligro mayor es que se puso en funcionamiento un plan coordinado con la OEA y con Estados Unidos para desestabilizar y generar un bloqueo y sanciones a Venezuela, que debe terminar como en el caso de Cuba, con la expulsión y la aplicación de la Carta Democrática con sanciones e intromisión», considera Lois Pérez Leira, analista internacional radicado en Venezuela.
En sintonía con su pensamiento y acción, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, intentó avanzar contra Venezuela en una declaración de «grave alteración institucional del orden democrático», que fue aprobada el lunes en una sesión de 17 Estados miembro en que no estaba presente Bolivia, como presidente del Consejo Permanente. El representante boliviano, Diego Pary Rodríguez, dijo que denunciaría el golpe institucional de la OEA ante todos los organismos internacionales.
«En la OEA se ha perpetrado un golpe institucional, se ha desconocido la presidencia de Bolivia y la vicepresidencia de Haití», dijo.
La jugada el gobierno, en tanto, es intentar retomar la agenda del diálogo, aunque el sector más duro de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que integra Henrique Capriles, excandidato presidencial y gobernador de Miranda, recientemente inhabilitado por irregularidades en su función (ver aparte), se muestra cada vez más lejos pese a los avances logrados a fines del año pasado. En la mesa participan los expresidentes José Rodríguez Zapatero, de España; de Panamá, Martín Torrijos, y de República Dominicana, Leonel Fernández. También lo hace Ernesto Samper, expresidente de Colombia y titular de Unasur, y un representante del Vaticano. Algunos creen que el papa Francisco todavía puede jugar una carta decisiva a favor de la concordia. Fuentes cercanas a Roma habían asegurado a Tiempo que estaba dispuesto a «ir hasta las últimas instancias con el objetivo de que se llegue a un acuerdo».
Más allá de las manifestaciones públicas de Capriles y otros, el gobierno afirma que tuvo reuniones con la oposición hasta la segunda semana de marzo, y que se mantuvieron en secreto por pedido de los opositores, según afirmó Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador de Caracas. Sin embargo decidió revelar los encuentros cuando «no cumplieron su palabra» y el secretario general de la OEA impulsa «una acción contra el pueblo de Venezuela».
El supuesto «autogolpe» que se denuncia, se basó en una razón de interés nacional, según aclaran desde el PSUV. El TSJ resolvió asumir las competencias parlamentarias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, tras haber sido declarada en «desacato» por haber consagrado a un presidente con los votos de tres legisladores de la MUD del estado de Amazonas, suspendidos por irregularidades en su elección.
«El Tribunal Supremo ha usado un artículo de la Ley de Hidrocarburos la principal riqueza del país que establece que los convenios internacionales y las asociaciones con grupos extranjeros deben ser aprobados por la Asamblea. Como la Asamblea está en desacato, de manera que no puede ni quiere firmar ningún acuerdo, lo que pone en riesgo financiero a Venezuela», explica a Tiempo el dirigente Luis Hidalgo. «Es por eso que el Tribunal Supremo ha asumido las competencias estrictas de la Asamblea para la aprobación de esos contratos, de manera que el país pueda asumir los compromisos necesarios en un momento económicamente complicado por el hundimiento de los precios del petróleo». «
