Hace largas semanas que se debate sobre la crisis hídrica que somete especialmente a los habitantes de los departamentos de Montevideo, Canelones y sus adyacencias, y que amenaza con dejarlos sin agua potable en las próximas horas. No sólo se trata de que los uruguayos se resignen a tomar el mate con agua salada, o que se quejen por los calefones averiados por la densidad de las aguas que los sulfatan. Sino que es la crónica de un drama anunciado (incluso en este diario en un artículo publicado el 21 de mayo pasado, hace 45 días), bañado de imprevisión, celos políticos, tensiones internas y denuncias de corrupción.
Mientras, la administración liderada por Luis Lacalle Pou busca desesperadas soluciones, verdaderos manotazos de ahogado, a sabiendas de que reaccionó tarde y muy mal, como acusan sus propios aliados de gobierno. Por caso, para no detener el suministro hidráulico en los hogares, acentuó la mezcla del líquido proveniente del río Santa Lucía (el habitual afluente) con el del Río de la Plata, lo que lleva a un constante aumento de cloruro y sodio en el recurso distribuido por la OSE (Obras Públicas del Estado), que supera largamente el límite recomendado de 720mg/litro.
Mientras, se analizan medidas como el de «reutilizar» el agua de los hogares, mediante un sistema que adosa a la cadena de tratamiento de las aguas residuales una etapa para que se pueda bombear o trasladar en camiones cisternas.
Mientras, en los comercios se agotaron los stocks de bidones, que en las últimas semanas multiplicaron sus precios de venta, unos U$S 2, incluso a pesar de la urgente quita de impuestos.
Mientras, el servicio meteorológico nacional desestima precipitaciones por las siguientes semanas y el presidente Lacalle Pou irrita a propios y extraños con declaraciones como «La sequía es la más grande de los últimos 70 años (…). La solución de fondo es que llueva». Mientras, el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla dice, lo más orondo: «En Uruguay estamos acostumbrados a derrochar el agua porque teníamos mucha abundancia». Por el contrario, el senador y líder de Cabildo Abierto (aliado al gobierno), Guido Manini Ríos, reclamó que OSE no cobre la tarifa a sus clientes de la región más afectada «mientras el agua no sea potable», y va más allá, al apuntar contra el gobierno por su «falta de luces largas».
Mientras, ya no se discute que el fallecido expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, al final de su segundo gobierno, cuando concluía 2019, presentó la propuesta de construir una represa en el arroyo Casupá, en la cuenca del Santa Lucía; que, incluso gestionó ante Banco de Desarrollo de América Latina, un préstamo de US$ 80 millones para financiar la obra. Pero que pocos meses después asumía Luis Lacalle Pou, quien desechó la idea y priorizó el muy controvertido plan de la construcción de la planta en la playa de Arazatí, en el departamento San José para tomar agua del Río de la Plata como fuente alternativa.
Mientras todo eso sucede, otra vez sorprendió la postura del Pepe Mujica. Hace unas horas señaló: «Se me van a enojar, (pero) nos dormimos todos. Compartamos la responsabilidad». Claro que luego aclaró: «Ay, el bendito déficit fiscal. Estaba el proyecto pronto (el de Tabaré) y la financiación, pero hacía saltar el déficit fiscal para arriba, pero podríamos haber hecho a tiempo Casupá».
Finalmente se supo de un ofrecimiento de ayuda de la Argentina y la extraña respuesta oriental. «Al tiempo de agradecer y aceptar dicho ofrecimiento, hace saber que, en razón de la dinámica de la situación bajo permanente evaluación, hará conocer la oportunidad del mismo», respondió el consulado uruguayo en Buenos Aires. Argentina puso a disposición una planta potabilizadora móvil con una producción de 1700 sachet de medio litro por hora, junto al personal para desarrollar la producción. También el envío de un buque de la Armada Argentina del tipo «Aviso», que contiene una cisterna de 300 toneladas de capacidad de agua provista por AySA.
