Apenas asumió la presidencia, en marzo de 2020, el uruguayo Luis Lacalle Pou le vendió a su gente la idea de que resolvería el problema de la inseguridad persiguiendo al narcotráfico y construyendo nuevas cárceles para alojar, “en un sistema carcelario humanizado”, a todos los negociantes de las drogas. En ese “laboratorio”, como lo describe en estos días un libro escrito en Argentina para glorificar al mandatario vecino, todos los seres son iguales, no existen ni la violencia ni los dolientes. Las estadísticas oficiales, sin embargo, delatan que el país es un reino de la inseguridad en el que crecen todos los delitos y las cárceles son, castigo sobre castigo, un reservorio de desahuciados que crece sin parar. Con 411 detenidos por cada 100.000 habitantes, Uruguay es hoy el país con más detenidos en Sudamérica y en el mundo occidental, sólo superado por Estados Unidos (505 por cada 100.000).
La idea que sedujo a los uruguayos se plasmó a través de una llamada Ley de Urgente Consideración (LUC), un texto ómnibus al que Lacalle definió como su buque insignia, un verdadero plan de reforma del Estado. Entidades imparciales, como Amnesty International y The World Prison Brief, denunciaron que desde aquel marzo Uruguay se convirtió en “un caso mundial alarmante”, no sólo por ostentar el mayor índice de detenciones sino por las características de su población carcelaria, con un crecimiento exponencial de mujeres obligadas a delinquir, narco menudeo, especialmente. En el primer año del gobierno de Lacalle el número de presos creció un 10,3%, un índice no visto hasta entonces en la que se conocía como la democracia más igualitaria del continente.
En 2021 el sistema alojó 13.693 presos, lo que dio una tasa de 386 cada 100.000 habitantes. En ese momento Uruguay quedó como duodécimo país del mundo con mayor cantidad de personas detenidas. En su Informe 2022 del 27 de marzo, Amnesty citó al Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario –agencia oficial creada en 2003 para asesorar al Congreso– para señalar que el número de presos “no dejó de crecer, alcanzando a 14.497 personas al cierre del año último, lo que da una tasa de 411 presos por 100.000 habitantes”. Amnesty dijo que en ese marco las condiciones de insalubridad y el hacinamiento (123%) derivaron en la muerte de decenas de presos por razones no específicamente violentas”.
Las 709 mujeres que estaban presas cuando Lacalle asumió la presidencia pasaron a fines del año pasado a ser 1034, un aumento de más del 45 por ciento. Sin admitirlo expresamente –“su soberbia no se lo permite”, dijo la revista montevideana Caras & Caretas–, el 28 de marzo el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que reformula el artículo 74 de la LUC, admitiendo, sí, que su vigencia explica el aumento de la población carcelaria femenina. Ese artículo elevó las penas por la tentativa de ingreso de drogas a los penales, llevándolas a un mínimo de cuatro años de cárcel, y por eso mismo no excarcelable. Según la revista, hay más de 40.000 niños que tienen a su madre o a su padre en prisión. Es necesario recordar que Uruguay tiene una población de menos de 3,5 millones de habitantes.
En los fundamentos del texto enviado al Congreso el gobierno señala que “fiscales y jueces han creído correcto que, dado que el ingreso de la droga a la cárcel no se registró (fue decomisada antes), no hay delito consumado y, por lo tanto, no se puede aplicar la condena dictada”. Al aprobarse la modificación propuesta la pena quedará reducida al tercio de lo previsto (16 meses) para un delito consumado, con lo que, entonces sí, será excarcelable. El Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (IELSUR) señaló que “hay mujeres presas con penas de cuatro años por intentar ingresar 20 gramos de marihuana (unos 20 porros), cuando esa conducta ni siquiera debería ser punible. No es una conducta delictiva –agregó– porque trata de ingresar una sustancia para una persona que tiene derecho a utilizarla, porque en Uruguay el cannabis es de consumo legal desde 2013”.
El gobierno fracasó en su política de mano dura contra el narcomenudeo y en la aplicación de la nueva legislación, draconiana, con la que imaginó que podría disuadir el micro tráfico de drogas. En las calles, todas las formas del delito se han disparado y a su violencia propia se ha agregado ahora una saña desconocida en Uruguay, mujeres con los senos perforados con agujas de uso veterinario, adolescentes a los que se les ha seccionado el pene, cuerpos despedazados. En tres casos aún no se ha podido encontrar la cabeza de las víctimas. Entre los muros de las cárceles se cierra una espeluznante radiografía del país. Es frecuente que un preso al que Emaús le proveyera una colchoneta la cambie por una cebadura para el mate, o que unas zapatillas en buen estado se canjeen por un porro de medio gramo de marihuana.
En informes del Instituto de Rehabilitación reproducidos en actas legislativas se destaca (se denuncia) que un elevado porcentaje de quienes la policía y los medios estigmatizan como “delincuentes altamente peligrosos” son, apenas, unos forajidos de poca monta que llegan a las cárceles “con claros signos de subalimentación (…), que vienen de vivir en situación de calle, sin dormir, sin baño, sin abrigo y sin haber tenido diálogo con nadie durante días”. Fuera del sistema judicial sólo son oídos por algún activista de Emaús. Los buenos resultados alcanzados llevaron a que el Instituto gestionara facilidades para que grupos de pastores pentecostales accionaran de igual manera. No dio resultados. Es más, muchos de esos predicadores están en la mira, sospechados de ser, ellos también, traficantes de algo. «
Grave denuncia de Amnesty Internacional
Tras un análisis de la situación de los Derechos Humanos, con factores “preocupantes” en sus diferentes aspectos, Amnesty International (AI) sostuvo en su Informe Mundial 2022 que Uruguay exhibe señales propias de una “grave crisis institucional”. Pese al crítico diagnóstico, dos semanas después de publicado en los medios de los 156 países analizados, el presidente Luis Lacalle Pou sigue en silencio, sin rescatar la solidez de las instituciones y sin reivindicar el carácter democrático de su gobierno. Esta es la primera vez que una fuente independiente, y por ello imparcial, habla en semejantes términos. Ni la oposición interna había hablado así. Además del hacinamiento carcelario, AI se detiene en cuatro puntos.
Primero señala que a partir de la investigación y condena judicial a prisión de Alejandro Astesiano, jefe del servicio de custodia de Lacalle, “salieron a la luz actos de espionaje contra dos senadores de oposición, vigilancia ilegal de civiles y otros actos de corrupción” (uso del aparato policial con fines personales, falsificación de pasaportes, contrabando y tráfico de influencias).
El informe alude luego a “repetidos ataques a la libre expresión”. Dice que en el período marzo 2021–marzo 2022 Uruguay cayó 26 lugares en la grilla global de respeto a la prensa, y destaca que “personas que ocupan altos cargos” (sin nombrarlo alude al ministro del Interior, Alberto Heber), dos senadores (los ultra oficialistas Graciela Bianchi y Sebastián da Silva) y el propio Lacalle emplean lenguaje estigmatizante contra periodistas y medios.
La persecución a la actividad sindical de los estudiantes secundarios es el tercer aspecto tomado. AI denuncia a la Administración Nacional de Educación Pública, que con expreso aval presidencial prohibió a los estudiantes –con amenaza de usar a la policía– manifestarse en los centros de estudio en su reclamo por un justo presupuesto educativo.
Al igual que otras entidades, AI señala que aunque fueron condenados 14 militares y policías que habían sido llevados a tribunales por el anterior gobierno del Frente Amplio, la administración Lacalle no hizo nada en la búsqueda de decenas, cientos, de agentes que siguen impunes y en la calle pese a ser responsables de asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).
