A nadie se le ocurriría pensar que al gobierno uruguayo ya se le hizo la noche, tan nuevo, tan bien blindado por los medios, tan bien tratado por las encuestadoras. Sin embargo, en ese pequeño vecino usuario de una saludable democracia, en sólo quince meses de vida la situación se le complicó al presidente Luis Lacalle Pou. Y eso por culpa de un terremoto popular generado por una campaña de recolección de firmas refrendarias –una “hazaña democrática”, dijeron sus impulsores– que rompió con todos los esquemas. Y por culpa de una sucesión de tarascones y zancadillas que dejaron a la vista que no todo lo que reluce es oro en la repisa de los cinco partidos que en 2019 se metieron bajo un mismo techo para acabar con los 15 años de gobierno progresista del Frente Amplio.

Hace un año, el 8 de julio de 2020, Lacalle y los cinco capataces de la alianza neoliberal que meses antes había derrotado al FA, lograron que la peonada votara la llamada Ley de Urgente Consideración, la LUC, una especie de acta de refundación del Estado oriental compendiada en 476 artículos en los que se borró y empezó de nuevo en materia de relaciones laborales –derecho de huelga incluido–, represión, proceso penal, gobierno de la enseñanza, tarifas, empresas públicas, alquileres, gasto público y tantos etcéteras como haya en la imaginación. El proyecto entró con 502 artículos, pero en los siete días que los diputados y senadores tardaron en pasarle el plumero perdió 26 numerales muy groseramente antidemocráticos, como el que buscaba regular la vida de los medios.

Le ley electoral uruguaya establece que para habilitar un referéndum se debe juntar las firmas del 25% del padrón nacional dentro del año siguiente a la sanción de la norma que pretenden anular. En este caso, 135 de los 476 artículos. En números redondos, 675 mil rúbricas. El 8 de julio, al expirar el plazo, los promotores de la consulta –la central sindical PIT-CNT, el FA y una veintena de organizaciones sociales– entregaron a la autoridad electoral casi 800 mil papeletas en las que constaba nombre, número de documento de votación, dirección y tres impresiones dactilares de cada uno de los auspiciantes del referéndum. A eso se sumaron unas 25 mil firmas más de quienes, en una oposición maximalista, pretendían anular toda la LUC. En total, más de 822 mil firmas.

 El oficialismo, empezando por Lacalle, nunca creyó que la oposición pudiera cumplir con la meta de las 675 mil firmas. “Déjenlos que se desgasten”, dijo el diario oficialista El País que respondió el presidente cuando le preguntaron sobre el qué hacer. Jorge Gandini, el senador más votado del Partido Blanco de Lacalle, admitió: “Deberíamos haber dado el debate, cuando se votó la ley y cuando empezaron a juntar las firmas. No debimos ignorar la fortaleza que tiene el FA”, se lamentó. Graciela Bianchi, un símil oriental sin crucifijo de Elisa Carrió, vomitó otra de sus malolientes máximas al decir que las 822 mil firmas se consiguieron porque “nos consta que los sindicatos amenazaron a la gente”. Lo mismo dijo el ex presidente colorado Julio María Sanguinetti, el más veterano de los socios de Lacalle:. Se explica, senilidad y dignidad no van de la mano.

Aunque no dio el debate el gobierno hizo todo para boicotear el ejercicio de la democracia. Ignoró que estaba frente a una formidable fuerza popular y se empleó a fondo para imaginar las trabas a imponer a la recolección de firmas en momentos de pandemia –sin actos públicos, con población confinada, sin puntos naturales de reunión–, desde hacer engorrosa la confección de las planillas hasta negarse a facilitar espacios televisivos para transmitir la propuesta. Incluso rechazó un pedido de prórroga para la presentación de las firmas. Lacalle, que en 2019 pasó a la segunda vuelta con apenas 686 mil votos, mira ahora con preocupación y envidia que con todo en contra la oposición haya podido recoger la expresión escrita de 822 mil personas que le estén diciendo que no lo bancan más.

Desde el lunes, cuando comenzó la validación de firmas, corre un plazo de 150 días hábiles al cabo del cual se debe fijar la fecha del referéndum. Debe ser en los 120 días siguientes, para lo cual se saltea el Carnaval, el gran acontecimiento popular en el que con su ironía y agudeza decenas de murgas transmitirán un mensaje favorable a la derogación de los 135 artículos de la LUC. Hace tres décadas una avalancha popular sepultó en un plebiscito la ley que buscaba privatizar las empresas del Estado. Su propulsor, que se quedó colgado del pincel, la denominó “ley madre de mi gobierno”. Se trataba de Luis Alberto Lacalle, padre del actual presidente que, oh casualidad, llama a la LUC  “mi ley madre”. A diferencia del plebiscito, que exige una mayoría especial, en un referéndum  para que caiga, que caiga la LUC, bastará que una mayoría simple diga que el neoliberalismo no va más en Uruguay.

«No es digno de un país en libertad»

Desde que asumió, hace quince meses, Luis Lacalle Pou anda a la disparada, tapando agujeros. Ahora, mientras le hace frente a la amenaza de un referéndum que puede voltearle su “ley madre”, la gente de entre casa empieza a utilizar un lenguaje que duele. “Esto no es atinado ni necesario, atenta contra la vida misma de nuestro Banco de la República”, dijo el director de esa institución, el colorado Max Sapolinski,  cuando supo que la Rendición de Cuentas incluyó un artículo que deroga la preferencia por el BROU para captar los fondos de las empresas y entes del Estado. “Qué quieren, quién quiere beneficiar a la banca privada regalándole el dinero de los uruguayos”, golpeó. “Digo con énfasis que esto no es digno de un país en libertad”, se descolgó por su parte el ex diputado y actual responsable de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío –cargo estratégico desde que en 2013 el país pasó a ser uno de los primeros en regular la producción y consumo de marihuana–, cuando se enteró de que se busca habilita ral Ministerio del Interior a registrar la filiación y dirección de los clubes cannábicos y los cultivadores registrados ante la Secretaría. “Con ese artículo estamos estafando a esa gente, pues les habíamos dicho que este, como dato sensible que es, sería reservado”. Radío vive de asombro en asombro: “Parecería que al presidente lo acompaña alguna gente interesada en tomarnos el pelo, qué quieren, que nos vayamos”.