Colombia encaja 18 días de movilización social con barricadas en todo el país. Desde el 28 de abril la sociedad vive un estallido social sin precedentes, luego de cuatro décadas de neoliberalismo ininterrumpido, sosteni-do por el militarismo. Un neoliberalismo de guerra como dice el querido colega José Seaone. El presidente Ivan Duque encendió un polvorín al querer imponer más impuestos a trabajadores y clases medias, impulsa-do por su mediocre equipo de gobierno que tiene una lectura errónea y elitista de la realidad social y política del país.

El uribismo, desprestigiado y sin rumbo, liberó la fuerza de un pueblo contenido por el miedo al militarismo. La élite desoyó las voces que desde la firma de la paz auguraban un nuevo momento político del país. En el 2019 las movilizaciones populares ya mostraban las enormes demandas y se sentía el enojo social, La pan-demia apaciguó esos ánimos y a la vez empeoró la situación. La pobreza, el hambre y la represión poli-cial/militar estallaron. Ni la clase trabajadora ni la juventud aguantaron más. Una generación de jóvenes cre-cida con la ilusión de la paz, de la justicia social y de los derechos demostró no tener miedo y muchas ganas de “cambiar todo, a mano y sin permiso”. 

El estallido social, transmitido gracias a las redes sociales, rompió el cerco mediático y diplomático, muy eficaz en el pasado, que le otorgó estatus de demócrata a una élite del poder colombiano que gobernó desde siempre en contra de sus ciudadanos y sin un criterio de soberanía política ligada al clamor popular, sino siempre en favor de los empresarios, las transnacionales y el capital financiero.

Una élite que desmanteló el trabajo y la producción nacional, que vendió todas las empresas del Estado, legisló en favor del saqueo de los recursos naturales y apuntó las bayonetas sobre los sindicatos, las organi-zaciones sociales y los partidos antineoliberales.

Colombia fue por años el país donde más sindicalistas asesinaron en el mundo al punto de reducirlos has-ta el 4,5% de la masa laboral, y donde, desde la firma del acuerdo de paz, en 2016, han asesinado a mil lideres y lideresas sociales.

Lo que empezó como una jugada de Duque para cargar la crisis en los hombros de las y los trabajadores, terminó en un estallido social sin resolución política a la vista. Al presidente le queda un año de gobierno, tiene poco margen para proponer un futuro a sus aliados de la derecha, y sigue atrapado en un proyecto autoritario como el uribista.

Su decisión fue militarizar las calles y acusar a cada ciudadano y ciudadana como un potencial enemigo del país. Las fuerzas aliadas del uribismo están saltando en silencio del gobierno, tratando de construir un pro-yecto de derechas para enfrentar las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año.

El país cambió y la oposición liderada por el Pacto Histórico y su referente el senador Gustavo Petro, tiene un escenario abierto para consolidar un triunfo electoral el año entrante. No será fácil, debe administrar los tiempos políticos, canalizar la inconformidad social impidiendo que se convierta en antipolítica y, sobre todo, construir una fuerza nacional e internacional que impida una salida militar a la crisis de la derecha. El uribismo configuró un escenario de democracia militarizada que podría convertirse en dictadura.

Colombia no ha podido cerrar las heridas de la guerra y con el baño de sangre de estas dos semanas la sociedad queda aún más fracturada. No hay palabras para describir la rabia social contra la policía por las muertes, las violaciones sexuales, las personas lesionadas, las detenciones ilegales y las desaparecidas. El desafío del cambio político en Colombia es enterrar el neoliberalismo, ya decadente, y derribar las estructuras del terrorismo de Estado que enlutan día a día a la familia colombiana.

Colombia está a punto de florecer, hay una generación dispuesta a cambiar la historia, no la dejemos sola.