Un tercio de los senadores que analiza si la presidenta apartada Dilma Rousseff debe perder su cargo definitivamente tiene cuentas pendientes con la Justicia.
Del total de 81 senadores, 26 responden por diversos procesos ante el Tribunal Supremo Federal, la más alta instancia judicial del país, encargada de juzgar a las autoridades con foro privilegiado, como es el caso de los senadores.
De estos 26 senadores, 13 lo están por posible participación en el esquema de corrupción descubierto alrededor de Petrobras con la Operación Lava Jato, según recoge un informe publicado por Congresso em foco.
El propio presidente del Senado, Renan Calheiros (PMDB), que comanda junto al presidente del Supremo, Ricardo Lewandowski, la recta final del ‘impeachment’, tiene abiertas diez causas en el Supremo, ocho de ellas relacionadas con la Operación Lava Jato.
Los senadores que están en el punto de mira de la Justicia pertenecen a todos los partidos: el presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) Aécio Neves, rival de Rousseff en las pasadas elecciones, está acusado de recibir sobornos de la empresa estatal Furnas.
La senadora del Partido de los Trabajadores (PT) Gleisi Hoffmann está acusada de financiar de forma irregular su campaña electoral para senadora en 2010; el cambista Alberto Yousseff aseguró a la policía que inyectó un millón de reales provenientes de la trama de Petrobras.
Uno de los casos más paradigmáticos es el del senador del Partido Trabajador Cristiano (PTC) Fernando Collor de Mello, expresidente de Brasil que sufrió un ‘impeachment’ en 1992 el primero en la historia del país y fue apartado de su cargo.
Tras volver a la política como senador ahora está investigado en la Operación Lava Jato, acusado de recibir hasta 26 millones de reales (ocho millones de dólares) a cambio de favorecer a determinadas empresas para que consiguieran contratos con BR Distribuidora, una subsidiaria de Petrobras.
