Quizás, la huelga general del 28 de abril de 2017 sea recordada como un momento clave en la historia brasileña. Como la primera acaecida hace 100 años, cuando cerca de 400 operarios en junio de 1917, con una enorme mayoría de mujeres, paralizaban la empresa textil Cotonificio Crespi na Mooca en San Pablo y luego lograrían la adhesión de todos los gremios del país.
O como la lucha de los metalúrgicos del ABCD (conurbano paulista) durante marzo de 1979, que eran arengados por Ignacio Lula Da Silva en el Estadio de Vila Euclides a un paro de 49 días, al que se plegarían trabajadores de todo el territorio nacional, y marcaría el ocaso de la dictadura militar.
Esta huelga merece su página en la historia porque luego de 21 años sin paros generales, el último se produjo en junio de 1996 contra las propuestas de privatizaciones y reformas laborales impulsadas por el expresidente Fernando Henrique Cardoso, las centrales sindicales en forma unificada lograron paralizar al país en rechazo al proyecto de «modernización».
Una propuesta impulsada por Michel Temer, bajo un gobierno surgido de una conspiración parlamentaria -como él mismo reconoce-, que llevando las contrataciones de trabajo a los marcos del siglo XIX pretende dar respuesta a la profunda crisis económica que vive Brasil, con un desempleo del 13,2% y que alcanza a más de 13,5 millones de personas.
Y no es una exageración, la embestida comenzó cuando Temer logró sancionar la Ley de Terciarización, que permite a los empleadores contratar parcialmente cualquier actividad y así evitar una relación de dependencia dejando al trabajador en meras contrataciones de servicios.
A su vez, Temer impulsa la PEC 287/2016 (Propuesta de Enmienda Constitucional) que pretende fijar la edad jubilatoria para varones y mujeres, tanto trabajadores urbanos y rurales, solo a partir de los 65 años y con aportes de 25 años en la empresa o institución, algo casi imposible de cumplir por gran parte de los asalariados.
Pero Temer pretende ir a la médula y tirar por la borda las conquistas alcanzadas por la Ley de Contrato de Trabajo del 1º de mayo de 1943, establecidas durante el gobierno de Getulio Vargas, propiciando la flexibilización en las contrataciones laborales.
Por eso, propicia cambios en la duración de la jornada laboral, dejando la posibilidad de su extensión a 12 horas, e impulsa el esquema de destajo con un sistema de banco de horas. Además, intenta establecer mecanismos de trabajo domiciliario, evitando los costos del ámbito laboral, y habilitar el trabajo de embarazadas en ambientes insalubres, salvo que un certificado médico compruebe riesgos. Faltaría establecer el trabajo infantil y literalmente se estaría en el siglo XIX.
La respuesta de Temer fue la negación o la represión. Incluso, se concentra en perseguir al dirigente trotskista Rui Costa, de Causa Operaria, tratando de presentar al lulismo como ejemplo de esa versión extrema, cuando en realidad es la expresión del rechazo masivo y explica su imagen negativa del 87% con tan solo un 4% de apoyo.
* OPL-IEALC-SocialesUBA, @Richardbsas
