María Cristina Cifuentes Cuencas tiene 54 años y desde 2015 es presidenta de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular (PP). Integraba hasta hace poco esa segunda fila expectante entre los líderes del conservadorismo español para salir a la chancha ni bien Mariano Rajoy pase a cuarteles de invierno. Se rumoreaba incluso que era su fvorita para sucederlo.
Hija de un general de la era franquista, artillero para más datos, en su historial figura que su madre era ama de casa, lo que se corresponde perfectamente con el rol que en aquellos tiempos debía tener una mujer. De acuerdo con su presentación en las redes sociales, ella obtuvo una licenciatura Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y realizó luego un máster en Administración Pública y Dirección de Empresas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
Pero desde hace un par de semanas esta mujer influyente y decidida está en el candelero y pone en ridículo al gobierno de Rajoy -de visita por Buenos Aires por estas horas- porque se descubrió que otro máster del que se vanagloriaba, en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), es falso. Lo que generó una crisis que envuelve al PP en su conjunto. Comparados con los hechos de corrupción flagrante en que aparecen inmersos altos dirigentes del PP, incluso Rajoy, lo de Cristina Cifuentes es una bagatela. Pero le saltaron a la yugular tanto el PSOE como Podemos, que quieren la renuncia ya. Por ahora, la presidenta de Madrid sigue firme por el apoyo de Rajoy y de Ciudadanos (Cs). Sin embargo, la otra agrupación de la derecha ya dijo que no están las cosas como para seguir pateando la pelota afuera.
Un voto solo necesita la centroizquierda para desplazarla y nombrar a otra persona en su lugar, y ese voto debe venir de Cs, que hasta ahora ensayaba la vía de dilatar la cuestión postulando al creación de una Comisión Investigadora. Sucede que el caso, destapado por el portal eldiario.es, involucra a la URJC pero también a otros dirigentes que habría tenido la ventaja de recibir títulos de posgrado en condiciones demasiado ventajosas, lo que levantó protestas masivas de estudiantes que efectivamente estudiaron para obtenerlo y se esforzaron para rendir exámenes y preparar las tesis necesarias. Y que ahora descubren en qué consiste la meritocracia «al uso» del PP.
A fines de marzo, eldiario,es publicó una investigación donde surgía que el master en Derecho Autonómico que había dictado la URJC en 2011/2012 no había contado entre sus alumnos a Cifuentes. Como suele suceder en estas situaciones, la presidenta de la Comunidad madrileña alegó que había una operación en su contra y pretendió barrer debajo de la alfombra. Pero con el correr de los días el caso fue creciendo porque apareció más información que no pudieron desmentir.
A medida que el incidente se convirtió en una crisis de gobierno, Podemos y PSOE elevaron su protesta y un pedido de interpelación. El miércoles pasado Cifuentes compareció ante los legisladores y no quedó del todo bien parada. Para colmo, los profesores que aparecían avalando el master se fueron despegando. Unos, como las autoridades de la universidad y el director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, encargado de ese posgrado en particular, adujeron que no tenían documentación que certificara que Cifuentes efectivamente había hecho y completado el curso.
Otros, como los docentes que la deberían haber evaluado, porque no solo aseguran que no la vieron en clase sino porque los documentos que presentó la dirigente del PP muestran firmas que no reconocieron como propias. Una perito grafóloga convocada por el portal que dirige Ignacio Escolar determinó que, efectivamente, son apócrifas. Y hechas presumiblemente por la misma persona. Quizás, se puede aventurar, la única que no dijo que su firma era falsa.
La Policía Nacional tomó cartas en el asunto a instancias de un juez madrileño y en la mañana de este martes tomó declaración a las profesoras y al catedrático de la UNJC que aparecen en el acta del Trabajo Fin de Máster (TFM), que es el certificado final del curso que mostró Cristina Cifuentes.
La propia Universidad se había presentado como querellante, porque queda muy expuesta en un caso de semejante envergadura. Un caso que lejos de arrastrar a la renuncia de Cifuentes ya se cobró una dimisión en la URJC, la profesora y subdirectora del Instituto de Derecho Público, Laura Nuño, quien dijo que sufre una «crisis de confianza» por «las ultimas informaciones publicadas» acerca del curso de Derecho Autonómico.
Nuño participa en política y militó la candidatura de Luis García Montero a la Comunidad de Madrid en 2015 por Izquierda Unida. Su intervención fue junto a Cecilia Rosado Villaverde, la directora del máster y sobre quién apuntan todas las miradas inquisidoras. Nuño no reconoció la firma del documento como propia y la perito confirma que el garabato no salió de su puño.
Pero los periodistas de eldiario.es -un medio sostenido por sus lectores- siguieron hurgando en el caso, ahora descubrieron que otros dirigentes tenían un trato privilegiado para obtener títulos de forma casi burocrática. Es así lo que ocurrió, afirman, con Pablo Casado, otro cuadro del PP, que logró un título como el que mostró Cifuentes, cursando apenas 4 de las 22 asignaturas del programa y sin molestarse en haber ido a clase. Las figuras públicas que disfrutaron de ese beneficio parecen ser decenas.
Por esa razón, estudiantes que sí calentaron asientos en la URJC y sí se pelaron pestañas para escribir sus tesis, se concentraron en el patio central del campus de la universidad en Vicálvaro, un distrito madrileño, para presentar sus quejas airadas por lo que consideran una estafa no solo a la sociedad sino a ellos mismos.
Reclamaban a los gritos contra al rector de la URJC, Javier Ramos. «¿Dónde está el TFM? ¿El TFM dónde está?», insistían, sobre el Trabajo Final de Máster de Cifuentes.
Ramos asumió su cargo el 3 de marzo de 2017 en reemplazo de Fernando Suárez Bilbao, quien se alejó del puesto luego de que se descubriera que había hecho plago en nada menos que 15 plagios a unos 20 autores en sus trabajos académicos.
Ese antecedente dificultó la cobertura a la presidenta de la Comunidad, sin dudas.
Rajoy, antes de su gira por Argentina, pretendió darle un espaldarazo en la convención partidaria que se desarrolló en Sevilla. Pero nadie cree que alcance.