La oposición venezolana intentará iniciar el proceso de la instauración de un gobierno paralelo con apoyo internacional antes del próximo domingo, cuando está prevista la elección de los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el gobierno. La sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (Parlamento) del viernes impuso el nombramiento sui generis de 13 magistrados titulares y 20 suplentes valiéndose de la mayoría absoluta opositora, mayoría cuestionada por el oficialismo, que asegura que tres de los diputados ingresados en el último recambio accedieron a su banca a través de fraude electoral. Es la última jugada del sector opositor más radicalizado, concentrado en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), adonde pertenece el detenido dirigente Leopoldo López, a quien se le otorgó la prisión domiciliaria hace dos semanas.
La MUD quiere impedir la Constituyente -y en esto tiene igual postura la fiscal General Luisa Ortega Díaz- que fuera anunciada por Nicolás Maduro como una salida a la crisis económica y social en su país. La oposición afirma que es para perpetuarse en el poder y ni siquiera presentó candidatos entre los más de 50 mil postulados para el 30 de julio (se eligen 545). Incluso adelantó el miércoles un acuerdo de gobernabilidad de Unidad para el inicio de un gobierno de transición dando por hecho que su plan de Hora Cero concretará la salida de Maduro. En ese plan, el gobierno transitorio, encabezado por el presidente de la AN, Julio Borges, recibiría el reconocimiento internacional de países opuestos a Venezuela, entre otros EE UU, y los regionales, Argentina, Brasil y Paraguay (ver aparte).
Sectores de oposición marcharon ayer para reclamar la incorporación de los nuevos jueces, pero no lograron llegar al edificio del TSJ, cercado por la policía, que reprimió a quienes intentaron superar los vallados.
La Sala Constitucional del TSJ declaró nulos los actos de la AN porque continúa en desacato y advirtió que a los usurpadores podría caberle la justicia militar. También aclaró que la preselección, designación y juramentación de los magistrados se produjo el 16 de diciembre de 2015, por lo que no es posible repetir ese proceso hasta que culminen sus mandatos. La Constitución bolivariana admite la remoción, pero prevé un procedimiento que tampoco fue cumplido, como la comparecencia del acusado ante la AN.
Mientras aguarda una posible avanzada internacional para legitimar las acciones opositoras, el gobierno de Maduro endureció su postura frente a interrupciones del proceso electoral y dispuso que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana custodie los puntos de votación. «
