La primera mitad del 2022 ha sido uno de los más disruptivos debido a los coletazos de la guerra en Ucrania y los desafíos de la pandemia. Uno de los efectos negativos del conflicto bélico apuntó a los precios del combustible y los fertilizantes, trayendo aparejado movilizaciones en el primer semestre. Ecuador y Perú, como países andinos con un legislativo unicameral fragmentado, han dado respuestas estatales diversas ante un problema similar. Las diferencias no solo se deben al aspecto ideológico del Gobierno, sino a los sectores que representan. En el caso de Lasso, su gobierno representa de hecho una continuidad con respecto al giro neoliberal del gobierno de Lenin Moreno que ya había sufrido protestas de gran magnitud por parte del movimiento indígena en octubre de 2019. Castillo, por su parte, representa el primer intento de frenar más de 30 años de modelo neoliberal y la primera vez que un líder sindicalista llega al poder. Su emergencia proviene de la descomposición del sistema político y ganó visibilidad durante la huelga de maestros de 2017. Esta efervescencia social fue in crescendo con participaciones tan espontáneas como fugaces contra el indulto al exdictador Alberto Fujimori, contra la asunción de Manuel Merino, quien presidía el Congreso luego de la vacancia de Vizcarra y, finalmente, contra el intento de golpe y desconocimiento de la derrota electoral por parte de Keiko Fujimori en 2021. Mientras Lasso expresa el statu quo, Castillo es un emergente de las protestas previas.

Es necesario caracterizar también la coyuntura de ambos países ya que el precio del combustible en Perú es considerablemente más alto que en Ecuador. Bajo la actual Constitución fujimorista de 1993, impuesta por dicha dictadura y defendida por la oposición conservadora de la derecha peruana en el Congreso, el Estado no puede garantizar precios más bajos mientras no posea mecanismos para influir en el precio final de este bien ya que no cuenta con grifos propios ni con medios para la distribución de combustible.

En cuanto al rol de la oposición del Legislativo, si bien el banquero tiene una escueta presencia en la Asamblea, con solo 13 de 137 curules, tiene la posibilidad de establecer alianzas tanto con la Izquierda Democrática, como con facciones del Pachakutik y el Partido Social Cristiano. En Perú, si bien Pedro Castillo asumió con 37 bancas para el entonces oficialista Perú Libre, actualmente solo retiene 16 de los 130 miembros del Congreso y el propio presidente ha renunciado públicamente al partido que lo llevó al poder. Una de las diferencias clave es la capacidad de erosión del Legislativo: mientras que la muerte cruzada puede utilizarse tanto desde el Ejecutivo (Lasso amenazó en más de una oportunidad con esto) como desde la Asamblea, esta facultad puede ser ejercida por una sola vez durante el período legislativo, en los tres primeros años del mismo. En el caso peruano no hay límite ni para las interpelaciones ni censuras de ministros (cuatro fueron depuestos del cargo por motivos irrisorios), como tampoco para las mociones de vacancia presidencial (hasta el momento dos, a razón de uno cada seis meses).

Tanto en Ecuador como en Perú fue declarado el estado de sitio a partir de las protestas, pero mientras en el caso ecuatoriano la fuerza pública no ha escatimado en ser la garante del orden mediante la persecución de líderes, la represión desmedida y mensajes de criminalización del movimiento indígena, en el caso peruano el Gobierno tiene grandes dificultades con los sectores de las FF. AA. Han provocado la renuncia de dos ministros: Héctor Béjar en Cancillería y Walter Ayala en Defensa. El último aspecto es el concerniente al racismo institucional, Lasso ha tildado al movimiento indígena en general -y a Leónidas Iza en particular- de enemigo público. Castillo es un representante de las regiones y desde las protestas de marzo en Perú se estableció la modalidad de Gabinetes descentralizados para acercar el diálogo entre el Ejecutivo al territorio. «