El 2 de octubre de 2020, antes de la aprobación y uso masivo de cualquier vacuna, Sudáfrica e India elevaron una propuesta para una exención de los derechos de la propiedad intelectual, anticipando que pocos laboratorios iban a intentar acaparar la demanda de inmunizantes. En ese entonces los fallecidos a nivel global por la Covid-19 eran poco más de 1,1 millones, casi un cuarto de la cifra total actual que está cerca de los 4,8 millones y que se encamina a superar la marca de 5 millones en aproximadamente un mes si no varían las tasas de letalidad.

Ante la emergencia sanitaria en aumento, cada vez más países dieron su apoyo explícito o se sumaron como co-patrocinadores de la iniciativa de suspensión de patentes hasta alcanzar hoy a cerca de 110, incluyendo a Argentina.

Pero las decisiones en la OMC se toman por el consenso de sus 164 miembros, por lo que alcanza la negativa que todavía sostienen principalmente la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza, sedes de las grandes farmacéuticas, para bloquear cualquier progreso.

La falta de avances concretos no implicó necesariamente que todo siguiera como hace un año: uno de los momentos de quiebre de las negociaciones ocurrió en mayo cuando Estados Unidos, principal defensor de la propiedad intelectual en el mundo, dio un giro a su postura y apoyó la exención.

Esta decisión del gobierno de Joe Biden, que había asumido la Casa Blanca cuatro meses antes y luego que su predecesor Donald Trump rechazara la gravedad del coronavirus como también cualquier tipo de multilateralismo, motivó a que otros países como Nueva Zelanda, Ucrania y hasta la otra superpotencia, China, brinden también su respaldo a la propuesta.

Pero no movió ni un centímetro a los detractores bajo el argumento –el mismo que repiten los grandes laboratorios- de que la innovación, los conocimientos técnicos, la tecnología y el personal calificado son los que amplían la producción de vacunas y no los derechos de propiedad intelectual.

Esto llevó al estado actual de las negociaciones en la que hay dos propuestas sobre la mesa.

La presentada por Sudáfrica e India fue modificada en su contenido original para precisar, entre otras cosas, que el levantamiento de patentes será por “al menos tres años” y que incluye a todos los tratamientos e insumos utilizados para luchar contra la Covid-19, no solamente a las vacunas en su estado final de producción.

La otra es impulsada por la UE y fue elevada el 4 de junio pasado.

Se basa en un acuerdo multilateral que incluya “precios asequibles” de los inoculantes a los países que más lo necesiten y facilitar “el uso de licencias obligatorias”, lo que permitiría que más laboratorios desarrollen fármacos genéricos a cambio del pago de un canon a aquellos que poseen las patentes.

Pese a la promesa de mayor solidaridad por parte de los países ricos, catalogada como una diplomacia de las vacunas, y la preocupación por la expansión de variantes más contagiosas como la Delta, la brecha en el acceso a los fármacos se acrecentó: los más avanzados en sus campañas de inmunización ya administran una tercera dosis mientras la mitad de las 54 naciones africanas inocularon con esquema completo al 2% o menos de su población.

“Es urgente aprobar la exención de los derechos de propiedad intelectual si queremos salvar millones de vidas. Es una respuesta proporcionada a las circunstancias excepcionales que presenta la pandemia de Covid-19”, urgió esta semana el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, al hablar durante una actividad organizada por la OMC.

Más allá que sea en ese organismo ubicado en Ginebra donde se realizan diálogos formales e informales para intentar lograr el consenso, la situación puede destrabarse en otras latitudes.

Alemania lideró bajo la canciller Angela Merkel la posición más dura dentro de la UE, pero en las elecciones del domingo pasado su partido, la Unión Demócrata Cristiana, quedó segunda y todo indica que será el socialdemócrata Olaf Scholz quien tome las riendas del país.

Este dirigente y su agrupación mostraron hasta el momento una postura ambivalente sobre el tema patentes, pero no Los Verdes, que dieron siempre un apoyo firme a la exención, algo que podrían hacer valer como nueva tercera fuerza y aspirantes a meterse dentro del nuevo Gobierno de coalición.

Otra elección que puede generar un cambio es la reciente victoria del Partido Laborista en Noruega, comandados por el probable próximo primer ministro, Jonas Gahr Støre, quien trabajó en la Organización Mundial de la Salud (OMS) como mano derecha de la entonces secretaria general, su coterránea Gro Harlem Brundtland.

El país nórdico tiene un rol central en el debate: su embajador ante la OMC, Dagfinn Sørli, es el mediador entre las partes en la búsqueda de un consenso y ahora está encargado de elaborar un informe sobre el cuadro de situación, que será discutido en la reunión del Consejo General del organismo el 7 y 8 de octubre próximo.