«Se emitió hoy una licencia general de seis meses que autoriza temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas en Venezuela”. Así lo informó el tesoro de los Estados Unidos el miércoles último. Puntualmente implica a la empresa minera de oro estatal venezolana Minerven y a la petrolera PDVSA, que a su vez podrá renegociar bonos soberanos deuda y acciones. Noticia sorpresiva, aunque, como casi todo lo que suceda por estas horas en el mundo, no puede ser escindido de la guerra en Medio Oriente.
De todos modos, esta decisión proporciona un alivio bien considerado por el gobierno de Nicolás Maduro y en Wáshington se la emparentó con los acuerdos alcanzado entre la administración venezolana y la oposición acerca de la celebración de las elecciones presidenciales en 2024. Pero, por otro lado, la decisión estadounidense no afecta la congelación de los activos de Caracas ni el proceso judicial relacionado con la quiebra de Citgo. Se suspendieron las sanciones sobre cuatro licencias pero las restantes, cerca de una decena, siguen vigentes.
Encima, fiel a su estilo ligado al sermón, Estados Unidos advirtió que los alivios se renovarán solo si Venezuela «cumple con sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral, así como otros compromisos con respecto a aquellos que son detenidos injustamente». Caracas debe avanzar en sus compromisos antes de finales de noviembre, cuando Washington reconsiderará “el restablecimiento de las sanciones”.
El presidente venezolano no disimuló su conformidad en su programa Con Maduro +, de la televisión estatal: «Estamos a las puertas de iniciar una buena ronda de firma de documentos para garantías electorales que garanticen una fiesta electoral en las venideras elecciones».
Va en consonancia con lo expuesto por el estado de Noruega, el “mediador oficial”, que confirmó sobre la reanudación de la mesa de diálogo y negociación entre el gobierno venezolano y la opositora Plataforma Unitaria (PDU), que el pasado martes 17, en Barbados, firmaron el llamado Memorándum de Entendimiento, que implica dos acuerdos sobre garantías y ratifica las presidenciales de 2024, junto con la aceptación de la presencia de observadores internacionales en los sufragios y la liberación de presos políticos emblemáticos, lo que se produjo horas después. Son ellos, el periodista local Roland Carreño (detenido en 2020), Juan Requesens (exdiputado que cumplía arresto domiciliario) y los dirigentes Marco Antonio Garcés Carapaica, Eurinel Rincón y Mariana Barreto.
Maduro también se dio el tiempo de apuntar a The Wáshington Post: «Empieza la operación manipulación, la operación de mentir sobre la base de especulación y de mentira de lo que ha sido un proceso de conversaciones globales sobre un conjunto de temas, quieren manipular (…) ellos viven de filtrar información por debajo para manipular, para mentir por distintas razones tratan de mentir, de manipular».
