Como en aquellos viejos westerns, puede decirse que el gobierno de Donald Trump le puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro. Este jueves, el fiscal general Bill Barr denunció al presidente de Venezuela y otros 14 autoridades chavistas de «haber participado en una asociación criminal que involucra a una organización terrorista extremadamente violenta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un esfuerzo por inundar Estados Unidos de cocaína». Por tal motivo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su arresto.

«Hoy Nicolás Maduro será inculpado por el Departamento de Justicia y acusado de narcoterrorismo», escribió el senador republicano de Florida Marco Rubio, antes de una conferencia de prensa virtual en la que Barr argumentó su acusación, en base a material brindado por la agencia antidrogas, la DEA. 

Además de Maduro, fueron también acusados Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y número dos del oficialismo, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, entre otros funcionarios y ex funcionariosdel gobierno.

El miércoles, Maduro, había denunciado un plan violento, que se teje desde «el poder» en Colombia y bajo las órdenes Washington, luego de que Bogotá informara de la incautación de un arsenal de armas automáticas cerca de la frontera entre ambos países.

Caracas aseguró que el armamento estaba destinado a provocar atentados en Venezuela que incluían el asesinato del propio mandatario.

Citando medios de prensa colombianos, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo que ese arsenal fue encontrado en un vehículo en una ruta del país vecino el lunes e incluía 26 fusiles de asalto, visores nocturnos y silenciadores.

El gobernante se mostró «comprometido» a «defender la paz y la estabilidad de Venezuela en cualquier circunstancia», y consideró «miserable» que existan estos supuestos planes cuando el país atraviesa por una cuarentena que busca evitar la propagación del Covid-19.

Además de estos supuestos planes bélicos, el gobierno bolivariano se enfrenta con un bloqueo comercial y financiero que asfixia su economía. Para peor, en medio de la crisis por el coronavirus, el gobierno no obtuvo un préstamo especial al Fondo Monetario Internacional.

El organismo de crédito rechazó la demanda alegando que tiene dudas sobre quién es el legítimo gobierno de Venezuela, en virtud de que Estados Unidos y otros 50 países reconocen al autodesignado diputado Juan Guaidó, que no tiene ninguno de los resortes del estado a su cargo.