Este martes el expresidente Donald Trump asistirá al tribunal de Manhattan donde se le sustancia un proceso judicial por el pago de un soborno a una actriz porno antes de la campaña electoral de 2016. Lejos de significar un golpe a sus aspiraciones para regresar al gobierno en 2024, esta nueva causa representa un espaldarazo a su carrera al punto que trepó en las encuestas dentro del partido republicano para una nueva oportunidad. Por otro lado, el caso manifiesta como pocas otras circunstancias la descomposición del sistema político estadounidense, en un contexto global particularmente adverso para el poder imperial ante el avance de China y Rusia.
La imputación contra el empresario inmobiliario no es nueva y se refiere al uso de dinero declarado como de campaña para pagarle por su silencio a Stephanie Gregory Clifford, actriz, guionista y directora de películas pornográficas conocida por su nombre artístico de Stormy (Tormentosa en castellano) Daniels, sobre encuentros sexuales en 2006, cuando recién se había casado con su actual esposa, Melania.
El caso fue ventilado durante el paso de Trump por el gobierno, cuando la fiscalía del distrito sur de Estados Unidos ordenó el allanamiento del abogado Michael Cohen, quien representaba a Trump y fue el encargado de hacer el pago -130 mil dólares-, que se realizó unos días antes de la elección en la que se impuso a la demócrata Hillary Clinton. En el círculo de asesores de los republicanos se temía que una declaración pública de Stormy terminara con el sueño de la presidencia, en un país que suele condenar con mayor facilidad una falta a la moral sexual que los crímenes de guerra.
De hecho, desde que se supo esta semana que un jurado de Nueva York aprobó llevar al estrado al expresidente, comenzaron a surgir en las redes voces que, si bien no necesariamente están a favor de Trump, entienden que la acusación es una muestra de hipocresía y de doble vara del sistema judicial estadounidense. O una manifestación de una profunda “grieta” en el establishment que horadó el consenso bipartidista que gobierna el país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
No son pocos los que recuerdan que a Trump se lo pretende condenar por un delito de orden sexual o incluso administrativo pero no por las acciones militares que desarrollaron tropas estadounidenses durante su mandato. Ciertamente, a ningún mandatario se lo juzgó por ese tipo de delitos de lesa humanidad. Pero también recuerdan que Bill Clinton no fue procesado por el escándalo de la pasante Monica Lewinsky. Y en un posteo en Twitter Donald Trump Junior, el hijo primogénito, apuntó que en el caso Jeffrey Epstein, “proveedor” de menores para fiestas sexuales a magnates y herederos de las casas reales de todo el mundo, la única persona detenida es su esposa, Ghislaine Maxwell, luego de la muerte en prisión del propio Epstein.
Los cargos contra el exmandatario no fueron aun revelados pero podrían sumar 34 diferentes delitos. Los republicanos se encolumnaron, con diferente grado de compromiso, en catalogar el caso como de persecución judicial contra el precandidato. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, competidor en la interna partidaria pero titular del ejecutivo en el Estado donde reside Trump, salió con los botines de punta. «La militarización del sistema legal para promover una agenda política pone patas arriba el estado de derecho. Es antiestadounidense… Florida no ayudará en una solicitud de extradición dadas las circunstancias cuestionables en relación con este fiscal de Manhattan, respaldado por (el magnate George) Soros y su agenda política», tuiteó.
Otro acólito, el senador de origen cubano Ted Cruz, uno de los más conocidos por sus exabruptos, tuvo que tragar de su propia medicina. Luego de haber reclamado que el senado de EE UU investigara a la vicepresidenta Cristina Fernández por corrupción, coincidiendo con la llegada de Alberto Fernández a Washington, se vio obligado fijar posición ante una declaración de Nancy Pelosi, la veterana lideresa demócrata. “Pelosi dice que Trump tiene “derecho” a “probar su inocencia”. Eso es exactamente al revés: según nuestra Constitución, eres inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad”.
A todo esto, uno de los principales acusadores de Trump será su exabogado Cohen. Sucede que el hombre fue condenado en 2021 por fraude bancario e infracciones a la ley de financiamiento de campañas a raíz de este caso. Ya en 2018 el FBI le había allanado el estudio y su residencia particular en Nueva York. Buscaban su testimonio a raíz de la denuncia de los demócratas sobre la presunta interferencia de Rusia en las elecciones de 2016.
Rusia es un argumento al que suelen acudir los representantes del actual oficialismo para justificar la derrota de Clinton. Lo que se oculta es que desde esa ocasión comenzó a crecer en Estados Unidos esa grieta que explica el modo en que se tiran con de todo en una guerra civil larvada cuyo mayor ejemplo hasta ahora es el embate del 6 de enero de 2021 al Congreso.
Trump fue el primer presidente en ejercicio en enfrentar dos pedidos de juicio político. El primero, de febrero de 2020, se relacionaba con presiones contra un fiscal de Ucrania para que investigara los negocios del hijo de Joe Biden (ver aparte) en una empresa de energía de ese país. El segundo fue pocos días antes de dejar el poder y por “insurrección”, en el marco de aquel ataque al Capitolio.
Trump, que no tiene un pelo de tonto, azuza esos fantasmas desde su red Truth Social -creada tras ser bloqueado en las otras- donde hace unos días dejó unas cuantas definiciones sobre el peligro de que el mundo se encamine hacia una Tercera Guerra. Trump acusa directamente a Biden de llevar al mundo a “un Armagedon nuclear” y afirma que Rusia no es una amenaza para EE UU. Más aún, sostiene que con él en el gobierno, la guerra se termina en un ratito. Y asegura que la culpa de los males estadounidenses la tiene el “Estado Profundo”, ese conglomerado de burócratas belicistas que dirigen el país entre bambalinas más allá de quien ocupe el Salón Oval.
La audiencia de este martes será para alquilar balcones. Algunos especulan con que saldrá esposado. Otros, que afuera lo auparán multitudes. «
Doble vara
La caída de Richard Nixon, en 1974, fue un duro golpe a la credibilidad de la institución presidencial. Ahora, el sistema judicial estadounidense, ese del que se hace gala en casi cada producción cinematográfica, es el que está en cuestión.
La acusación contra Donald Trump es calificada como parte de un entramado para dejar fuera de carrera al expresidente para un segundo turno. Algo así como el lawfare en América Latina, pero no…
Trump señaló en su primera reacción que hay una “cacería de brujas” y que es “una evidente interferencia electoral”. Su exvicepresidente, Mike Pence, agregó que se trata de “otro ejemplo de criminalización de la política impulsada por un fiscal (Alvin Bragg) que literalmente se postuló al cargo con la promesa de acusar el expresidente”.
Buena parte del staff más íntimo durante su gestión terminó procesado. Su asesor de campaña Roger Stone, por presunta evasión fiscal; su consejero político e ideólogo de la derecha internacional, Steve Bannon, por desacato a raíz de una investigación por el ataque al Capitolio; otro “desacatado” fue Peter Navarro, exasesor en comercio internacional; Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y su abogado en los últimos años, por violar las leyes de lobby; Michael Cohen, el que pagó a la actriz porno, también estuvo en el banquillo.
Distinto es el caso de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden. Está en la mira de Trump desde 2017 por su participación en el sillón del directorio de la empresa de energía ucraniana Burisma desde 2014 a 2019, aprovechando su “chapa” de hijo del entonces vicepresidente de Barack Obama.
Biden Jr también resulta implicado en tráfico de influencias con una empresa china, algo aparentemente revelado en una laptop “olvidada” en un local de arreglos de computadoras de Washington. También, por haber mentido en su declaración para obtener permiso para portar armas. Dijo que nunca había consumido drogas pero en un libro admitió que tuvo que luchar mucho para salir de ese flagelo. En octubre del año pasado, el Washington Post publicó que agentes federales hallaron pruebas de delitos fiscales de Biden Jr. En febrero pasado, directivos de Twitter fueron llamados a declarar en el Congreso en el marco de una investigación sobre supuesta protección en la red social a las causas contra el vástago weaponization presidencial.
