El propio presidente, Gabriel Boric, expresó hace unos días que «el ambiente» estaba «electrizante» y parecía que nadie lo describiría mejor que la expresidenta Michelle Bachelet al decir que, «está tóxico el ambiente», ilustrando ese famoso «ambiente» que se vive en Chile en la previa a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973.
La reflexión de la expresidenta se sostiene en su visión de que en 2013, durante su anterior gobierno, para la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, en Chile existía, «un acuerdo mucho más global de condena a lo que había pasado».
En cambio, la sensación 2023 pareciera ser algo distinta. Medio siglo después del golpe de Estado que dejó 40 mil víctimas de tortura e implicó la desaparición y muerte de más de tres mil personas, Chile se mantiene atado a la constitución que heredó del dictador Augusto Pinochet. Y aunque en este momento se lleva a cabo un nuevo proceso constitucional que pretende cambiar esa Carta Magna, el actual proceso constitucional es liderado por la extrema derecha y la derecha tradicional pinochetista, derechas negacionistas cuyos representantes por estos días vociferan que los crímenes cometidos en la dictadura civil-militar chilena son «una leyenda urbana», mientras que en el debate constitucional el oficialismo y las dos coaliciones que lo componen, es decir, los partidos de la exconcertación y la izquierda, tienen una incidencia marginal sin ningún poder de veto.
Es así como el actual proceso no ha despertado interés ni ha tenido mucho seguimiento en comparación de las expectativas y críticas que surgieron en el anterior proceso constitucional posterior al estallido de 2019. No obstante, la discusión ha despertado ciertas alarmas con las iniciales propuestas de norma que busca declarar, por ejemplo, el rodeo como un deporte nacional, una polémica actividad denunciada por maltrato animal.
Estas alarmas parecieran aún más confusas, cuando el principal líder de la extrema derecha, José Antonio Kast, dice que podría llamar a votar «en contra» de no aprobarse las enmiendas que impulsan desde su partido. ¿Y qué ocurriría en ese caso? Nada, el actual proceso constitucional que coincidía con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile fue hecho a la medida y acordado desde el inicio por la derecha, como un negocio que para ellos sería un «ganar, ganar», pues de no aprobarse la constitución de extrema derecha, Chile conservaría la constitución heredada de Pinochet.
Desde el oficialismo se mira de forma cuidadosa el escenario, con tropiezos y tardanzas, en la organización de las actividades por los 50 años. Llamados a la derecha a que juntos, «todos como hermanos», firmaran una declaración de compromiso y de rechazo al golpe de Estado, invitación rechazada por la oposición que dejó al mandatario plantado y buscando una alternativa en la que terminó invitando a La Moneda a los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y hasta Sebastián Piñera, este último apuntado con el dedo por Boric ante las cámaras cuando siendo candidato le «advirtió» que estaba «avisado» y que durante su gobierno respondería por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la represión del gobierno de Piñera al estallido social de 2019 donde hubo más de 400 mutilaciones visuales y más de 30 personas muertas.
De la cita del mandatario con la y los expresidentes emanó un tibio acuerdo denominado «Por la democracia siempre». Pero en Chile, además del golpe de Estado, septiembre suena a Fiestas Patrias y a militares marchando aunque sus únicas glorias hayan sido descargar todas las balas de su historia contra su propio pueblo. Y en ese aspecto, la cantora Violeta Parra, pareciera más precisa que Boric y Bachelet al hablar de ambientes «tóxico» y «electrizante», cuando en 1960, conmemorando los 150 años de la independencia chilena su canto entonaba con dolor: «yo paso el mes de septiembre/con el corazón crecido /de pena y de sentimiento/del ver mi pueblo afligido,/ el pueblo amando la patria / y tan mal correspondido».
