«El gobierno está mirando lo que acontece en Brasil, que tiene repercusión en la Argentina y la región. Siempre nos va a encontrar en la defensa de la institucionalidad, de la paz social, de la calma y del derecho.» Escueto, el secretario de Derechos Humanos de Argentina,  Claudio Avruj, trató de esquivar definiciones demasiado comprometedoras ante Alejandro Bercovich en Radio con Vos.  El gobierno nacional, vinculado ideológicamente con las medidas de Michel Temer desde la destitución de Dilma Rousseff, no puede celebrar abiertamente la detención de Lula, pero ese paso judicial puede ser fuente de inspiración en torno de Cristina Fernández. 

Bercovich le recordó a Avruj el peligroso mensaje del comandante del Ejército brasileño, Eduardo Villas Boas en contra de «la impunidad» horas antes de que el Supremo Tribunal de Justicia votara el hábeas corpus de Lula. «Los que tenemos cargos de relevancia tenemos que llamarnos a la moderación, y en situaciones como estas tener mucho cuidado con las cosas que se dicen y la responsabilidad que tenemos». 

El amenazante tuit del militar vino luego de una declaración de un general de la reserva, Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, llamando a un golpe militar. «Si [Lula] tiene tanta racha y cambia la ley (para ser candidato) no queda otro recurso que la reacción armada. Ahí es el deber de la Fuerza Armada restaurar el orden.» 

Ni la OEA, ni el Mercosur ni la Unasur emitieron comunicados sobre un hecho tan grave como la amenaza de interrupción armada de una democracia. 

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se limitó a decir «confiamos en la fortaleza institucional de nuestro principal socio comercial y que haya tranquilidad institucional para poder sostener este proceso de recuperación de la economía y de la situación social que se viene viendo en los últimos meses».

En este páramo, se destaca el repudio contra «sectores de las Fuerzas Armadas de Brasil con explícito apoyo del sector mediático, en especial de la cadena Globo, donde pretende repetir lo que se hizo en 1964, cuando se incitó a jefes militares contra el gobierno constitucional de João Goulart» de parlamentarios regionales. Firman el documento, fechado en Panamá, la bancada Progresista del Parlasur, el Grupo político en el Parlamento Europeo Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) y parlamentarios de Izquierda del Parlamento Centroamericano, Parlamento Andino y Parlamento Latinoamericano.

Los partidos españoles Podemos e Izquierda Unida, que con Unidos Podemos son la tercera fuerza en el Congreso de los Diputados, denunciaron por su parte una «persecución política» contra Lula da Silva.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó a ese hecho de «criminal persecución» contra el exmandatario brasileño.»Lula ha sido símbolo mundial de justicia, de democracia, pero las élites oligárquicas de Brasil, neofascistas, han desatado una criminal persecución.»

«El fallo sólo busca impedir su retorno a la presidencia de Brasil, pues a la oligarquía no le interesa ni la democracia ni la justicia», afirmó Evo Morales.

Lucía Topolansky, vicepresidenta de Uruguay,se lamentó por la detención de Lula pero también «por la democracia latinoamericana». El ministro del Interior uruguayo, a su turno, indició que lo que se busca con la prisión de Lula es «que no sea candidato». «